Comisión ordena suspender a Petro como Presidente en medio de investigación por intervención electoral en Colombia

Gloria Arizabaleta, del oficialista Pacto Histórico, dictó la medida hasta el 21 de junio. El ministro del Interior la calificó de inconstitucional y expertos cuestionan su legalidad.

Una inédita controversia política y jurídica se desató este miércoles en Colombia luego de que la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenara la suspensión provisional del Presidente Gustavo Petro mientras se desarrolla una investigación en su contra por presunta intervención en política durante el proceso electoral. La medida establece que Petro debería permanecer apartado de sus funciones hasta el próximo 21 de junio, fecha de la segunda vuelta presidencial.

La resolución fue adoptada por Arizabaleta, integrante del oficialista Pacto Histórico, el mismo sector político al que pertenece Petro. La congresista argumentó que la permanencia del mandatario en el cargo podría interferir en el desarrollo de la investigación, relacionada con mensajes publicados por el presidente en la red social X entre el 6 y el 9 de junio, los cuales son analizados por una presunta participación en política durante el proceso electoral.

La decisión provocó una inmediata reacción de distintos sectores. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la resolución como inconstitucional y aseguró que la Comisión de Acusaciones no tiene facultades para suspender al jefe de Estado. Las críticas apuntan a que la Constitución colombiana establece que únicamente el Senado puede suspender a un presidente, y solo después de una acusación formal aprobada por la Cámara de Representantes.

La polémica surge a pocos días de la segunda vuelta presidencial en un escenario de fuerte polarización. La Comisión de Acusaciones mantiene abiertas diversas investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la campaña de Petro de 2022. Hasta ahora no existe claridad sobre si la orden tendrá efectos prácticos inmediatos, mientras continúa el debate sobre el alcance constitucional de la decisión.