Contraloría detecta millonarias irregularidades en contratos de delegación de Valparaíso con empresa de papel

San Nicolás SpA recibió más de $8.200 millones del Estado pese a no tener trabajadores, operar con subcontratación en cadena y estar representada por un joven de 19 años que firmó contratos por $6.725 millones.

La Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en siete contratos suscritos por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso con la empresa San Nicolás SpA, por un monto total de $6.725 millones, destinados al arriendo de maquinaria pesada para la respuesta al megaincendio de 2024. La misma empresa también recibió contratos del MOP por demolición de viviendas, sumando ingresos fiscales por $8.252 millones entre ambas entidades.

El informe de Contraloría establece que, pese a los millonarios pagos, San Nicolás SpA pagó apenas $3 millones en cotizaciones previsionales entre enero de 2023 y marzo de 2025. Esto se debe a que la empresa figura con solo tres trabajadores, ya que el 100% de los servicios prestados fueron tercerizados mediante un esquema de subcontratación en cadena.

La empresa está controlada por Tomás Avilés Tillería, de 20 años, y Catalina Jara Briones, de 25. Avilés, con solo 19 años en ese entonces, firmó como representante legal el primero de los contratos con la Delegación el 18 de julio de 2024, por $465 millones. En total suscribió siete acuerdos, todos también firmados por la entonces delegada presidencial Sofía González (PC).

Las irregularidades se extienden al domicilio de la empresa. En los contratos se consignaron direcciones en Concepción que, al ser verificadas en terreno por Contraloría, resultaron corresponder a un centro de estética y una oficina contable, sin patente comercial de San Nicolás SpA. Tampoco fue posible ubicar la dirección registrada en Coronel.

San Nicolás SpA tiene cerca de 35 contratos con el Estado, iniciando en julio de 2023 con la Delegación del Biobío, entonces dirigida por Daniela Dresdner (FA), que autorizó un trato directo por $205 millones para construir fosas sépticas en Tomé. Desde entonces, ha recibido contratos de delegaciones de Biobío, O'Higgins y Valparaíso por más de $1.100 millones adicionales.

El ex fiscal Claudio Uribe calificó el caso como de "olor a fraude al Fisco indesmentible", señalando que una empresa de papel con sobreprecios del 500% y 100% de subcontratación no tiene racionalidad económica. Sobre Avilés, afirmó que "a los 19 años uno no anda firmando contratos de 8.000 millones", apuntando a la figura de "palos blancos" detrás de la sociedad.