Diputados del PS llevan a Contraloría la "Operación Cancerbero" por posible vulneración de garantías

Raúl Leiva, Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini cuestionan la transmisión en vivo del traslado de reos a la cárcel de Talca, que identificó a los internos por nombre y rostro.

Dirigentes del Partido Socialista recurrieron a la Contraloría General de la República para solicitar una revisión de la denominada "Operación Cancerbero", poniendo el foco en las condiciones y garantías de las personas trasladadas al recinto penitenciario La Laguna.

Se trata de los parlamentarios Raúl Leiva, Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini. La colectividad busca que el organismo fiscalizador determine si, durante este proceso, se están cautelando adecuadamente los derechos de los internos trasladados y si los procedimientos adoptados se ajustan a la normativa vigente.

Las críticas a la transmisión en vivo

El oficio presentado por el diputado Leiva cuestiona que el Gobierno transmitiera en vivo durante casi cuatro horas el traslado de 687 reos de alta peligrosidad a la nueva cárcel de Talca, el pasado jueves 13 de agosto . Durante la emisión, se registraron imágenes en que algunos internos podían ser identificados, además de momentos en que funcionarios de Gendarmería los llamaban por sus nombres .

Leiva sostuvo que "una transmisión en directo con cámaras desde helicópteros, transmitiendo paso a paso el traslado de los supuestamente reos de más alta peligrosidad, no solo vulnera garantías de los propios internos al señalar sus nombres por la transmisión, sino que además pone en riesgo la seguridad de ese operativo" .

Los dictámenes de Contraloría como fundamento

El diputado citó dos pronunciamientos de la Contraloría de 2017 para sustentar su solicitud. El dictamen N° 9.923 estableció la ilegalidad de la exposición mediática de reclusos en programas de entretenimiento dentro de cárceles, al constatar que vulneraba su dignidad y distraía recursos públicos .

El dictamen N° 42.259 complementó el criterio señalando que, si bien la autoridad puede permitir registros bajo estrictas condiciones, estos exigen el consentimiento expreso de los afectados, resguardos para salvaguardar la honra e intimidad, y la prohibición absoluta de transformar la actividad penitenciaria en un espectáculo .

La presentación busca establecer los límites

La presentación también solicita conocer y revisar el estado actual de los trasladados a La Laguna, en medio de cuestionamientos políticos respecto de las condiciones en que se desarrolla el operativo penitenciario.

Desde el PS plantean que la revisión de Contraloría permitiría establecer si las autoridades responsables han cumplido con sus obligaciones y con las garantías que corresponden a las personas privadas de libertad .

La solicitud abre ahora un proceso de revisión por parte del organismo contralor, que deberá determinar el alcance de las materias denunciadas y si corresponde adoptar medidas.