El impuesto que nadie se atreve a tocar: la herencia de Pinochet que la democracia convirtió en vicio
Por Héctor Morales S.
En medio del caos vehicular, los paros de camioneros que estrangularon las rutas y un Gobierno que hace malabares para contener el alza imparable de los combustibles, el Congreso se apresta a debatir una vez más el presupuesto. Los políticos discuten cómo financiar la vida de los chilenos, pero se olvidan de un detalle fundamental: la ciudadanía ya no los mira con confianza. Las encuestas más recientes son lapidarias. La confianza en el Parlamento y en los partidos políticos ha tocado fondo, rozando el 3%.
Si la clase política no tiene credibilidad para proponer soluciones, la ciudadanía tiene todo el derecho a proponer. Y hay una propuesta simbólica, pero profundamente necesaria, que hoy debería estar sobre la mesa: que el Estado deje de financiar el modo de vida de quienes no nos representan.
Se conoció que hay parlamentarios que gastan 2,7 millones en combustible, sin control. Además ya en 2017 un reportaje de Megavisión denunciaba que el PS atacaba el capitalismo, pero tenía inversiones en concesionarias, (cuando hoy la gente reclama por el TAG) y, lo más aberrante, tenía acciones en SQM, la empresa cuestionada por el financiamiento a la política propiedad del yerno del dictador Pinochet y que ahora dirige la nieta del extinto general. El reportaje evidenció que el partido tenía intereses en sectores estratégicos y que además debía fiscalizar.
El impuesto que nació en dictadura y se volvió eterno en democracia
Para entender la magnitud de la injusticia, hay que remontarse al origen. El Impuesto Específico a los Combustibles (IEC) no fue una creación de la Concertación, ni de la derecha, ni del actual Gobierno. Fue impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet en 1986, bajo el argumento de reconstruir el país tras el terremoto de 1985.
Lo que debía ser una medida transitoria se convirtió en una mina de oro para el Estado. Y lo más grave: ninguno de los gobiernos democráticos se atrevió a eliminarlo. Ni Patricio Aylwin, ni Eduardo Frei, ni Ricardo Lagos, ni Michelle Bachelet en sus dos mandatos, ni Sebastián Piñera en sus dos administraciones, ni Gabriel Boric. Todos mantuvieron el impuesto intacto, prefiriendo alimentar un Estado que gasta más, en lugar de cortar lo que muchos llaman la "grasa" del aparato público.
Se habla mucho de la herencia de la dictadura en materia de pensiones o de educación, pero poco se dice de este impuesto que castiga el bolsillo de los trabajadores y que la democracia, lejos de corregir, profundizó. Es la prueba de que la clase política, de todos los colores, prefiere un Estado recaudador y gastador antes que un Estado austero y eficiente.
El costo de la desconexión
Hablemos de cifras concretas. El Estado chileno transfiere anualmente a los partidos políticos un monto cercano a los $14.900 millones para su funcionamiento administrativo. A eso se suman los privilegios del día a día parlamentario: asignaciones para vehículos a su gusto, combustible pagado con recursos públicos, teléfonos de última generación y asesores. Gastos que un trabajador común debe sacar de su bolsillo para poder ir a trabajar y que, para la élite política, son parte del paisaje.
En un país donde el impuesto específico le sigue cobrando a la clase trabajadora hasta $400 por litro, el contraste es obsceno. El Estado recauda miles de millones de este impuesto y los distribuye entre partidos que generan desconfianza y parlamentarios que llenan sus estanques gratis.
La aritmética del símbolo
¿Cuánto significaría recortar estos gastos frente a la emergencia de los combustibles? Seamos honestos: el presupuesto total para la rebaja del impuesto específico supera los US$ 3.000 millones anuales. Los $14.900 millones de los partidos, o incluso el ahorro de eliminar las asignaciones de vehículos y combustible, no alcanzan para financiar esa rebaja.
Pero el símbolo no se mide solo en pesos. El ejemplo no tiene precio. Si el Congreso aprobara un recorte voluntario de, digamos, el 50% de su financiamiento, y devolviera las asignaciones de vehículos y combustible, la señal sería inequívoca: la clase política está dispuesta a apretarse el cinturón antes de pedirle sacrificios a los camioneros y a los trabajadores.
Si redirigiéramos esos $7.400 millones hacia un fondo de alivio para la compra de combustible de la clase media, o simplemente los restáramos del gasto fiscal para que el Ejecutivo pudiera eliminar temporalmente el impuesto específico, el mensaje sería potente: el Estado empieza por casa.
El valor de los gestos en tiempos de crisis
La política se construye de símbolos. Y hoy, el símbolo más potente que podría emitir la clase política no es un discurso sobre la importancia de la democracia, sino un acto de austeridad voluntaria. La ciudadanía no está pidiendo que los parlamentarios vivan como pobres, pero sí que dejen de comportarse como una casta intocable.
Mientras los camioneros bloquean las rutas con sus propios vehículos y combustible para exigir una rebaja, los parlamentarios podrían responder con una medida concreta: donar sus asignaciones de combustible a un fondo de emergencia y recortar el financiamiento a los partidos. No porque eso resuelva el problema fiscal, sino porque reconoce que la crisis es de todos y que el primer recorte debe venir de los que más tienen y menos confianza generan.
Es la hora de las señales. Si la clase política no es capaz de dar este pequeño paso, difícilmente podrá exigirle a la ciudadanía que confíe en ella. Y mientras tanto, la brecha entre el país real y el Congreso seguirá creciendo, con un impuesto que nació en dictadura, que la democracia no se atrevió a eliminar y que hoy sigue castigando a los que menos tienen.



