Evaluación presidencial sube a 42% en junio y Kast mejora en regiones y sectores populares, según Cadem

Evaluación presidencial sube a 42% en junio y Kast mejora en regiones y sectores populares, según Cadem

Claudio Alvarado (54%) e Iván Poduje (53%) son los ministros mejor evaluados, mientras Jorge Quiroz lidera en influencia, según la encuesta.

El Presidente José Antonio Kast cerró el mes de junio con un 42% de aprobación promedio, tres puntos más que en mayo, según la última encuesta Plaza Pública de Cadem correspondiente a la cuarta semana del mes. En la medición más reciente, un 41% aprueba la gestión del mandatario y un 53% la desaprueba (-2 puntos), consolidando una tendencia al alza en su evaluación ciudadana.

El sondeo revela que el jefe de Estado mejora en segmentos clave: sube 3 puntos entre los hombres (48%) y entre los jóvenes de 18 a 34 años (27%), así como 4 puntos en estratos bajos (40%) y en regiones (43%). También aumenta su aprobación entre quienes se identifican con la derecha (82%, +3 pts) y con el centro político (35%, +8 pts), ampliando su respaldo más allá de su base tradicional.

En el gabinete, Claudio Alvarado (54%) e Iván Poduje (53%, -1 pt) se mantienen como los secretarios de Estado mejor evaluados. Sin embargo, los ministros que el mes pasado alcanzaron las más altas cifras sufrieron caídas significativas: José García Ruminot bajó a 51% (-6 pts), Daniel Mas a 47% (-10 pts) y May Chomali a 45% (-12 pts). En el extremo opuesto, los peor evaluados son Tomás Rau (36%, -12 pts), Francisco Undurraga (36%, -10 pts), Judith Marín (36%, -8 pts) y Natalia Duco (32%, -3 pts).

En percepción de influencia, Jorge Quiroz encabeza con un 54% (+1 pt), seguido por Martín Arrau, quien sube 14 puntos hasta alcanzar el 34%, e Iván Poduje con un 33% (-1 pt). Claudio Alvarado, pese a ser el mejor evaluado, obtiene solo un 21% en este ítem (-5 pts), muy por debajo de su nivel de aprobación general.

La encuesta también abordó el debate sobre responsabilidad penal adolescente. Un 76% de los encuestados cree que las personas entre 14 y 17 años que cometen delitos graves como homicidios, secuestros o violaciones deberían ser juzgados como adultos. Además, un 36% opina que la edad mínima de responsabilidad penal debería bajarse a 12 años, aunque un 42% considera que esa edad debiese ser desde los 14 años.

Por último, los ciudadanos atribuyen la principal responsabilidad de la participación adolescente en delitos graves a sus familias (51%). Como medida más efectiva para reducir este fenómeno, un 29% señaló la intervención temprana en barrios con alta delincuencia juvenil, reflejando una preocupación ciudadana por abordar las causas estructurales de la criminalidad.