Fiscalía pide prisión preventiva para alcalde de Río Bueno por cohecho agravado y lavado de activos

Luis Reyes Álvarez habría recibido más de $36 millones en beneficios indebidos y registra casi $90 millones en depósitos en efectivo de origen desconocido.

La Fiscalía Regional de Los Ríos formalizó este lunes 19 de octubre una investigación contra el alcalde de Río Bueno, Luis Reyes Álvarez, su conviviente y otras personas por delitos de corrupción relacionados con irregularidades en licitaciones, contratos y pagos de obras municipales, cometidos entre los años 2017 y 2022. La fiscal a cargo del caso, María Consuelo Oliva,  solicitó la prisión preventiva para el jefe comunal y otro imputado en la misma causa. 

Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía y abogado del Consejo de Defensa de Estado,El fiscal a cargo del caso es María Consuelo Oliva, y el abogado del Consejo de Defensa del Estado,Daniel Medina, ante el Juzgado de Garantía de Río Bueno, el alcalde habría solicitado y recibido al menos $36.360.000 en beneficios económicos indebidos de empresarios y contratistas, a cambio de favorecerlos mediante actuaciones contrarias a sus deberes funcionarios. Además, la Fiscalía detectó alrededor de $90 millones en depósitos en efectivo realizados en la cuenta corriente personal del alcalde, cuyo origen no ha podido ser identificado.

Las líneas de investigación

Una de las aristas establece que el alcalde recibió $27.860.000 de un empresario del rubro de la construcción, cuyas sociedades se adjudicaron diversos proyectos municipales. A cambio, favoreció a estas empresas mediante irregularidades en los procesos de licitación, la agilización de estados de pago y la condonación improcedente de multas por incumplimientos contractuales.

La Fiscalía también le atribuyó haber recibido $3 millones del representante de una productora que se adjudicó por $85 millones la organización de la Semana Río Buenina 2020, mediante una licitación direccionada para favorecer a ese proveedor.

Asimismo, se investigan pagos por $5.500.000 provenientes de otro empresario constructor, quien no pudo ser formalizado durante esta jornada debido a que presentó una licencia médica.

El lavado de activos

La investigación también permitió detectar numerosas transferencias electrónicas y depósitos en efectivo realizados a la cuenta corriente personal del alcalde, así como movimientos bancarios efectuados mediante cuentas de terceras personas, entre ellas su conviviente. Estas operaciones tuvieron como finalidad ocultar el origen ilícito de los recursos, mediante la utilización de intermediarios o testaferros.

Los imputados y los delitos

En la audiencia, la Fiscalía formalizó a los siguientes imputados:

· Luis Roberto Reyes Álvarez (alcalde): cohecho agravado reiterado y lavado de activos.
· Héctor Orlando Meza Hermosilla (empresario constructor): soborno reiterado y lavado de activos.
· Rodrigo Enrique Maluenda Ramírez (representante de la productora): soborno.
· Alejandro Andrés Rosas Cárcamo: lavado de activos.
· Gladys Roxana Mancilla Albornoz (conviviente del alcalde): lavado de activos.
· Elizabeth Lorena Rosas Beroiza (secretaria de las empresas constructoras investigadas): lavado de activos.

Cabe precisar que Juan Carlos Reyes Padilla no estuvo presente en la audiencia debido a que cuenta con licencia médica, por lo que su formalización deberá ser postergada.

Según los antecedentes comunicados por el Ministerio Público, parte de los recursos investigados ingresó al patrimonio del alcalde y fue utilizado posteriormente para financiar la adquisición de bienes y el pago de distintos servicios.

La continuación de la audiencia

La audiencia continuará este martes 20 de octubre, jornada en la que el Juzgado de Garantía de Río Bueno, a cargo del juez Diego Fuentes Rolack, deberá resolver las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, que incluyen la prisión preventiva para el alcalde y un empresario imputado, además del arresto domiciliario y otras medidas para el resto de los imputados.

Los abogados defensores solicitaron que se oficie con urgencia a Policía Internacional para que certifique los días que sus defendidos han estado fuera del país, porque están planteando la posibilidad de solicitar la prescripción o media prescripción de los delitos imputados, considerando que los hechos investigados ocurrieron a partir de 2017.