Gobierno anuncia rebaja de hasta 25% en el TAG de Autopista Central a cambio de extender concesión

La medida regirá desde enero de 2027 y beneficiará solo a usuarios con cuentas al día; el contrato se amplía 20 meses, hasta abril de 2036.

El Presidente José Antonio Kast anunció este lunes un acuerdo con la concesionaria de Autopista Central para rebajar las tarifas del TAG en un 10% en horario no punta y un 25% en horarios punta y de saturación, con entrada en vigencia prevista para el 1 de enero de 2027.

El beneficio se aplicará únicamente a los usuarios del sistema TAG que paguen sus cuentas dentro de los primeros 60 días, dejando fuera a quienes mantengan deudas pendientes. Según cálculos del Gobierno, una cuenta de $100.000 en horarios punta podría reducirse a $75.000, mientras que una mixta bajaría a $82.500, con un ahorro estimado de $17.500 mensuales.

La contraprestación: 20 meses más de concesión

El acuerdo no es gratuito. Autopista Central obtendrá una extensión de 20 meses en su concesión. El contrato, que debía concluir en agosto de 2034, pasará a terminar en abril de 2036.

El director general de VíasChile, Andrés Barberis, destacó que la medida beneficiará a cerca de 1.700.000 usuarios de la ruta cada mes. El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, señaló que "esta rebaja en Autopista Central es un punto de partida" y que continuarán las conversaciones con las demás concesionarias.

Los argumentos a favor

Desde el oficialismo, la senadora Camila Flores (RN) valoró que "representa un alivio concreto para miles de familias" y pidió extender el beneficio a regiones. El diputado Diego Schalper (RN) la calificó como "una buena noticia" que va "en sentido correcto". El diputado Jaime Mulet (FRVS) sostuvo que "para quienes hemos sostenido durante años que rebajar el costo de las autopistas es posible sin desarmar el sistema de concesiones, hay aquí una prueba de ello".

Las críticas: "mal negocio para Chile"

El secretario general del Partido de la Gente, Franco Parisi, calificó el acuerdo como un "muy mal negocio para Chile, pero muy buen negocio para las concesionarias". Argumentó que "bajar un 10% la tarifa en horario regular y un 25% en hora punta, ampliando el periodo de la concesión, es un mal negocio", y propuso recurrir al artículo 19 de la Ley de Concesiones para modificar tarifas unilateralmente.

El diputado del Frente Amplio, Ignacio Achurra, cuestionó que "no queda claro si con esta decisión se busca aliviar el bolsillo de las familias o asegurarles más años de negocio a las concesionarias". El diputado socialista Nelson Venegas afirmó que "las concesionarias no pierden, lo único que hace es que se le alargue el contrato".

La advertencia técnica: el "efecto boomerang"

Especialistas en políticas de infraestructura advirtieron sobre un posible efecto contraproducente. Un análisis publicado en Cooperativa señaló que una rebaja tarifaria puede aumentar la demanda, lo que incrementaría la congestión y haría que más períodos pasen a tarifa de saturación. "Quien antes pagaba 200 (tarifa alta antes de la rebaja) pasa a pagar 240 (tarifa de saturación después de la rebaja). Entonces le bajaron el TAG pero terminó pagando más".

El director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura, Carlos Cruz, advirtió que "si se aplica una rebaja generalizada, muchos usuarios que hoy usan transporte público se trasladarían a las autopistas", generando más congestión y contaminación. Agregó que "una caída importante de ingresos por parte de las concesionarias obligaría al Estado a compensarlas con recursos fiscales", lo que en la práctica significaría que "todos los contribuyentes terminarían subsidiando a los automovilistas".

El contexto de la negociación

El acuerdo se alcanzó tras casi siete meses de negociaciones entre el MOP y las concesionarias urbanas. Autopista Central es la única que ha llegado a un acuerdo; Costanera Norte, Vespucio Norte y Vespucio Sur siguen en conversaciones . Las concesionarias han planteado como condición "habilitante" que se aborden medidas contra la morosidad, que actualmente suma más de US$800 millones en deudas.

La medida aún debe pasar por revisión administrativa, incluyendo el trámite ante Contraloría, antes de su entrada en vigencia.