Gobierno recurre a TC por norma de servicios básicos y ministro Alvarado admite desconocer la acción

Biministro del Interior dijo no contar con información sobre el requerimiento, ingresado el sábado; el Ejecutivo impugna artículo sobre reconexión gratuita en zonas de catástrofe.

El Gobierno ingresó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el artículo 31 de la megarreforma, que obliga a las empresas de electricidad, agua y gas a reconectar de forma gratuita los servicios en zonas declaradas en estado de catástrofe, sin condición previa de pago, para usuarios residenciales y micro, pequeñas y medianas empresas.

El Ejecutivo sostiene que la norma, incorporada durante la tramitación parlamentaria por una indicación de la diputada Sofía González (PC), no guarda relación con las ideas matrices del proyecto original, vulnerando el artículo 69 de la Constitución. La disposición fija un plazo máximo de 48 horas para electricidad y gas, y de 24 horas para agua potable y alcantarillado, prohibiendo el cobro de cargos por reconexión.

El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, fue consultado sobre la decisión y reconoció que desconocía la acción, ingresada el sábado, durante su vocería del lunes. "Es una información con la cual yo no contaba. Esa es una información que yo no la tenía, por lo tanto, no me voy a referir a las cosas que no dispongo información", señaló.

Al ser consultado sobre la falta de coordinación, Alvarado indicó que el proyecto de reconstrucción "siempre ha tenido la conducción técnica y legislativa de Hacienda" y que si los ministros estiman que las decisiones son correctas, "se acata y se respalda". El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, justificó la acción señalando que el Gobierno ya había hecho una reserva de constitucionalidad durante la tramitación y que el veto extendería el proceso.

La impugnación ha sido criticada por la oposición y por la diputada González, quien calificó la acción como "una decepción". El Gobierno defiende la medida como un acto de apego a la institucionalidad, aunque dejó abierta la puerta a una norma especial mejor redactada para casos de catástrofe. Con este, ya son cuatro los requerimientos contra la megarreforma que deberá resolver el TC.