Proyecto "Ley Mordaza 2.0" avanza en Senado y gremio periodístico alerta por riesgo de cárcel

Iniciativa transversal busca sancionar la divulgación de investigaciones reservadas; críticos advierten que afectaría la libertad de prensa y el derecho a informar.

Un proyecto de ley que busca tipificar y sancionar con penas de cárcel la divulgación de antecedentes de investigaciones penales reservadas, conocido como "Ley Mordaza 2.0", ha generado una fuerte alerta en el gremio periodístico y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

La iniciativa, presentada por los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS), modifica el Código Procesal Penal para imponer penas de presidio a quienes "de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de una investigación amparada por el secreto". La pena contemplada es de presidio menor en su grado medio a máximo.

El proyecto, que en su origen buscaba castigar a quienes filtran información desde el sistema judicial, fue criticado por no diferenciar entre funcionarios públicos y periodistas. "El proyecto, al no diferenciar entre quienes filtran y quienes informan, expone a periodistas y medios a la criminalización, ignorando su función democrática", señaló el Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas.

Senadores como Tomás de Rementería (PS) han cuestionado el foco de la iniciativa: "Me parece que acá la responsabilidad no es de los periodistas que hacen su trabajo. Acá el problema está en los intervinientes en el proceso judicial". La senadora Fabiola Campillai (Ind.) calificó el proyecto como una "persecución hacia periodistas y reporteros" que atenta contra tratados internacionales de derechos humanos.

El Colegio de Periodistas advirtió que "la persecución penal a periodistas no resuelve los casos de corrupción política o empresarial; al contrario, los protege". El gremio recordó que casos como Penta, SQM o las irregularidades en el Ejército fueron conocidos gracias al periodismo de investigación.

Tras el aplazamiento de su votación en la Sala del Senado, los autores del proyecto han comprometido modificaciones para "perfeccionar" el artículo cuestionado y garantizar que la responsabilidad penal apunte a la "falla institucional, no a la prensa". Sin embargo, persisten las críticas por la ambigüedad del concepto "divulgación indebida", que podría generar autocensura y debilitar la prensa como contrapeso del poder.