Senado aprueba Reglas del Uso de la Fuerza: 29 votos a favor y queda a un paso de ser ley

Senado aprueba Reglas del Uso de la Fuerza: 29 votos a favor y queda a un paso de ser ley

La normativa unifica el uso de la fuerza para Carabineros, PDI y FF.AA., excluye a Gendarmería y establece una escalada gradual que llega hasta la fuerza letal.

El Senado de Chile aprobó este miércoles 7 de octubre el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) con 29 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención, estableciendo un marco legal unificado para el uso de la fuerza por parte de las policías y las Fuerzas Armadas. La iniciativa, impulsada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric en 2023, quedó pendiente únicamente de su promulgación para convertirse en ley.

Alcance y contenido principal

El proyecto se aplica a Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y, en circunstancias legales específicas, a las Fuerzas Armadas. Se excluye explícitamente a Gendarmería de su ámbito de aplicación.

La normativa establece una escalada gradual de fuerza que va desde la disuasión y persuasión verbal, pasando por el control físico y el uso de elementos no letales, hasta la fuerza potencialmente letal. Esta última solo se permite cuando las medidas anteriores resulten insuficientes y concurra alguna de las siguientes circunstancias: cumplimiento del deber, legítima defensa, resistencia a la autoridad que impida el arresto, o peligro grave para infraestructura crítica.

Controversias y reserva de constitucionalidad

La aprobación no estuvo exenta de críticas. La oposición (PS, FA, PC) cuestionó que el texto final sustituyó el principio de "proporcionalidad" por el de "racionalidad", señalando que esto debilita los límites al uso de la fuerza letal y las garantías de derechos fundamentales.

La bancada del Partido Socialista anunció que presentará una reserva de constitucionalidad por las disposiciones del proyecto sobre uso de armas letales por parte de militares y exenciones de responsabilidad penal, por lo que la iniciativa podría enfrentar una revisión del Tribunal Constitucional antes de su entrada en vigor.