Contraloría frena gestiones particulares de concejales y pide que trabajen en funciones propias

El organismo aclara que sus funciones fiscalizadoras no permiten interceder por intereses individuales, debiendo primar el bien común y la probidad.

La Contraloría General de la República emitió un dictamen en el que precisa que los concejales no pueden realizar gestiones ante el alcalde o funcionarios municipales para promover intereses particulares, como intervenir por requerimientos de vecinos. El pronunciamiento, fechado el 4 de mayo de 2026, responde a consultas de concejales de Futaleufú y Estación Central.

El órgano contralor fundamentó su decisión en la ley N° 18.695, que reconoce funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras a los concejos municipales, pero siempre sujetas al principio de probidad administrativa consagrado en el artículo 8° de la Constitución y la ley N° 18.575. Las autoridades, enfatiza, deben orientar su actuar al interés general.

También se citó la ley N° 20.730, que regula el lobby y la gestión de intereses particulares, definiendo estos como acciones para influir en decisiones públicas en beneficio de personas o entidades determinadas. La Contraloría aclaró que determinar qué constituye un "asunto particular" debe hacerse caso a caso, según si la actuación del concejal busca el bien común o una ventaja específica.

No obstante, el dictamen subraya que los concejales conservan sus facultades para solicitar información, ya sea a través del concejo o de manera directa, como mecanismos válidos de fiscalización. La medida busca evitar desviaciones de finalidad y conductas que comprometan la probidad en la gestión municipal.