Contraloría ordena a San Pablo recuperar $1,2 millones pagados por PMG a cuatro funcionarios
radiolaunion 
El dictamen apunta a un desembolso complementario autorizado por el alcalde Marco Carrillo pese a reparos previos del director de Control.
La Contraloría Regional de Los Lagos ordenó a la Municipalidad de San Pablo recuperar recursos pagados a cuatro funcionarios por el componente colectivo del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMG), tras concluir que no se acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder al beneficio.
El caso se originó el 15 de julio de 2025, cuando el director de Control del municipio, Ricardo Vidal Meza, emitió el Oficio N°30 para advertir que se estaba gestionando el pago del incentivo a funcionarios que no habían acreditado su participación en el cumplimiento de las metas correspondientes al año 2024. Pese a esas observaciones, el 17 de julio el alcalde Marco Carrillo dictó el Decreto N°1499, reiterando la orden de pago, y el mismo día, mediante el Decreto N°1559, se autorizó un pago complementario por $1.207.501 a cuatro funcionarios: Sergio Águila Leal, Jorge Bravo Bouquillard, Karina Riffo Toledo y Mauricio Salvo Martínez.
El 18 de agosto, mediante el Oficio N°38, el director de Control dejó constancia de que había visado el decreto de pago por instrucción expresa del alcalde, señalando que su unidad no asumía responsabilidad por la legalidad de los actos aprobados bajo dicha orden.
La Contraloría determinó que no se acreditó el cumplimiento de los requisitos para otorgar el componente colectivo del incentivo, por lo que instruyó a la casa edilicia adoptar medidas para recuperar los fondos pagados.
El concejal Fabián Cortez cuestionó que el alcalde haya autorizado los pagos pese a los reparos internos. "Esto fue representado por el control del municipio, esto fue también avisado por el departamento de finanzas", señaló, y agregó: "Con la plata de San Pablo no se juega. La plata de San Pablo no es para pagar favores políticos". El caso queda a la espera de las acciones administrativas que ejecute el municipio para dar cumplimiento a la instrucción de Contraloría.
