El anacrónico impuesto a los combustibles: un gravamen de 1986 que hoy golpea a los que antes no tenían auto

Creado para la élite automotriz, el tributo hoy afecta con mayor fuerza el presupuesto de la clase trabajadora, mientras las empresas acceden a rebajas.

El paro de camioneros que mantiene bloqueada la Ruta 5 ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que los chilenos vienen arrastrando por años: la eliminación del Impuesto Específico a los Combustibles (IEC). Una medida que está al alcance de la mano y que tendría un impacto directo en el bolsillo de las familias, pero que se estrella contra un muro de falta de voluntad política.

El origen de una injusticia que se volvió permanente

El impuesto específico a las gasolinas y al diésel no nació como una carga eterna. La Ley 18.502 fue dictada en 1986 con un carácter transitorio para financiar la reconstrucción tras el terremoto de 1985. Lo que debía ser un alivio temporal se convirtió en una fuente de recaudación permanente que hoy representa miles de millones de dólares para el Estado.

Pero hay un dato histórico que agrava la injusticia de este tributo. Cuando el impuesto fue creado, la gran mayoría de los chilenos no tenía automóvil. Eran los sectores más acomodados los únicos que podían costear un vehículo; la clase trabajadora simplemente no accedía a uno. Sin embargo, a finales del siglo XX la realidad cambió radicalmente: el parque automotriz creció exponencialmente y la clase trabajadora pudo, por fin, acceder a un vehículo propio. El problema es que el impuesto se mantuvo intacto, y hoy son precisamente esos trabajadores los que cargan con un gravamen diseñado para una élite que ya no es la única que maneja.

El golpe al bolsillo de los que menos tienen

Lo más perverso de este impuesto es su incidencia regresiva. Para una familia de clase media o trabajadora, el gasto en combustible representa una porción mucho más significativa de su presupuesto mensual que para los sectores acomodados. Esto se debe a que las empresas y los contribuyentes de mayores ingresos acceden a rebajas y créditos fiscales por el uso de combustible en vehículos de empresa, lo que amortigua el impacto. En cambio, el trabajador independiente que usa su auto para trasladarse a su trabajo o el transportista que llena el estanque de su camión no tienen ese alivio.

¿Cuánto bajarían los combustibles si se elimina?

El impacto de eliminar este impuesto no es menor. Según los cálculos expuestos en el Congreso, el IEC representa aproximadamente el 25% del valor actual de la bencina de 93 octanos, lo que equivale a unos $400 por litro. Si se aplicara una rebaja del 50% —como propuso la UDI—, el precio caería en torno a $200 por litro.

Las soluciones sobre la mesa

Los parlamentarios han presentado diversas iniciativas que demuestran que existen alternativas concretas:

· Eliminación total del impuesto: Requiere una reforma legal para derogar el componente base del IEC. El diputado Jaime Araya y otros parlamentarios han insistido en esta vía.
· Rebaja del 50%: La UDI presentó un proyecto de resolución para reducir excepcionalmente el impuesto a las gasolinas, argumentando que el gravamen "fue creado hace muchos años después de un terremoto, pero se quedó de manera permanente".
· Uso de utilidades de ENAP: El diputado Daniel Valenzuela propuso retirar anticipadamente el 70% de las utilidades de la estatal para subsidiar el precio de los combustibles.
· Eliminación gradual en 4 años: Permitiría al Estado ajustar sus cuentas fiscales sin un shock abrupto, considerando que el IEC aportó USD 3.046 millones al Tesoro en 2025.

El problema de fondo: la voluntad política

A pesar de que las herramientas existen y el diagnóstico es compartido transversalmente, la eliminación del impuesto no avanza. El Gobierno ha optado por medidas paliativas —como el límite de $20 por litro al alza anunciado por el Presidente Kast— que los propios dirigentes camioneros calificaron como "una burla".

El nudo del problema es fiscal: el Estado depende de la recaudación del IEC, que representa entre el 4% y el 5% de los ingresos tributarios del país. Eliminarlo implicaría una caída significativa en las arcas fiscales que ningún gobierno ha querido asumir, a pesar de que existen alternativas como recortes de gasto o el uso de las utilidades de ENAP. Mientras el Ejecutivo no ceda, el impuesto que nació para reconstruir un terremoto seguirá castigando a los que antes ni siquiera podían soñar con tener un auto.