Estado recaudaría $2,7 billones por peajes en segundas concesiones: cláusulas en contratos desvían ingresos de usuarios al fisco

La Unidad de Investigación de BioBioChile reveló que el fisco se queda con el 100% de los peajes en tres plazas de la Ruta 60, 50% en la Ruta 5 Talca-Chillán y 25% en la Ruta 78.

El Estado chileno recaudaría $2,7 billones de pesos a costa de los automovilistas a través de cláusulas incluidas en contratos de segundas concesiones de autopistas, según reveló la Unidad de Investigación de BioBioChile. El mecanismo, descrito como un "impuesto encubierto", implica que el fisco se queda con el 100% de los ingresos de tres peajes de la Ruta 60; cerca del 50% en el tramo Talca-Chillán de la Ruta 5; y el 25% en la Ruta 78. Estos porcentajes representan una transferencia millonaria desde los bolsillos de los conductores hacia las arcas fiscales, sin que exista una contraprestación directa en infraestructura vial.

El reportaje señala que, en el espíritu original de la Ley de Concesiones de los noventa, se esperaba que los peajes bajaran una vez construidas las carreteras, pero tras 30 años esto no ocurrió. Las cláusulas en los nuevos contratos otorgan al fisco ingresos millonarios que no estaban previstos en el diseño inicial del sistema concesionario, y que los usuarios pagan sin saberlo a través de sus tarifas. Este desvío de recursos contradice el principio de que el sistema de concesiones debiera estar orientado exclusivamente a la construcción y mantenimiento de infraestructura vial.

Expertos consultados por el medio indican que la finalidad del sistema de concesiones no es recaudatoria, sino que debiera estar orientada a la construcción y mantenimiento de infraestructura vial. El desvío de estos recursos al fisco contradice ese principio y constituye una carga adicional para los conductores, quienes pagan peajes que no se traducen directamente en mejoras viales. El Estado, en lugar de destinar estos recursos a nuevas obras o al mantenimiento de las carreteras existentes, los estaría utilizando para otros fines fiscales, lo que genera una doble carga para los usuarios.

La investigación de BBCL se basa en el análisis de los contratos de segundas concesiones de autopistas, donde se detectaron estas cláusulas que benefician al Estado en desmedro de los usuarios. Sólo cinco contratos de carreteras generan esta recaudación millonaria para el fisco, que suma $2,7 billones. El reportaje deja abierta la pregunta sobre si esta práctica constituye una promesa incumplida del sistema concesionario chileno, que debía beneficiar a los usuarios con menores tarifas una vez recuperada la inversión privada. La investigación evidencia una distorsión del modelo original que merece ser revisada por las autoridades competentes.