Tribunal Constitucional anula revisión de mochilas y vetos a expulsados de ley Escuelas Protegidas

El TC declaró inconstitucionales las revisiones de mochilas y la prohibición de ingreso de expulsados, entre otras medidas de la ley de seguridad escolar.

El Tribunal Constitucional (TC) emitió este martes un dictamen que declara inconstitucionales varias medidas clave de la ley “Escuelas Protegidas”, normativa diseñada para reforzar la seguridad en establecimientos educacionales. El Pleno del tribunal invalidó la facultad que permitía a los sostenedores revisar mochilas, bolsos y pertenencias personales de los estudiantes, medida que según el fallo vulnera derechos fundamentales y queda prohibida, junto con la posibilidad de solicitar intervención directa de Carabineros o la PDI para realizar esos procedimientos al interior de los recintos.

La resolución también rechazó y declaró inconstitucionales cambios a la Ley de Subvenciones, incluyendo la norma que buscaba prohibir vestimentas o accesorios que cubran el rostro o que hagan apología de la violencia, las drogas o conductas delictivas. Asimismo, quedó sin efecto la regla que impedía ingresar a los colegios a alumnos que hubieran sido expulsados anteriormente por hechos graves, y el artículo que condicionaba o eliminaba la gratuidad en la educación superior por hasta cinco años para quienes hubieran sido condenados por delitos.

El tribunal basó su decisión en que estas medidas vulneraban garantías constitucionales, estableciendo un límite claro a las políticas de seguridad escolar. El fallo equilibra la protección de la comunidad educativa con el respeto a los derechos fundamentales de las personas, descartando aquellas disposiciones que consideró excesivas o que afectaban derechos como la privacidad, la igualdad y el debido proceso.

Con esta resolución, el TC marca los límites en materia de seguridad escolar, dejando sin efecto herramientas que el gobierno y los sostenedores consideraban clave para prevenir hechos de violencia en los colegios. La decisión obligará a readecuar la normativa vigente y redefine el alcance de las medidas que pueden implementarse en los establecimientos educacionales para garantizar la seguridad sin vulnerar las garantías constitucionales.