Juezas de Pudahuel alertaron desde 2022 sobre ingreso de niños haitianos en vuelos privados con documentos deficientes y sin respuesta de autoridades

Magistradas enviaron informe a la Suprema detallando que aviones arribaban con 50 niños y dos adultos, sin identificación fiable, y que "no hablaban ni entendían castellano".

Magistradas del Tribunal de Familia de Pudahuel enviaron un informe a la presidenta de la Corte Suprema donde reconstruyen las advertencias que realizaron desde 2022 por el ingreso de menores haitianos en vuelos privados. Relatan que algunos aviones arribaban con cerca de 50 niños y apenas dos adultos a cargo, que existían problemas de identificación y que muchos eran "niños muy pequeños" que "no hablaban ni entendían el idioma castellano", según detalla  Radio Bío Bío que tuvo acceso al documento que revisó el pleno de la Suprema.

Mientras el preinforme reservado de la Contraloría General de la República sigue provocando repercusiones por las graves observaciones formuladas respecto de distintas fallas de entidades públicas en el ingreso de niños haitianos a Chile bajo programas de reunificación familiar, un nuevo antecedente conocido por Radio Bío Bío permite reconstruir una historia que, según integrantes del propio Poder Judicial, comenzó varios años antes. Se trata de un informe remitido el pasado 22 de junio a la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, documento solicitado por la máxima autoridad del Poder Judicial para que el pleno del máximo tribunal pudiera conocer los antecedentes que manejaban los tribunales de familia respecto de estos ingresos.

En sus seis páginas, las juezas titulares del Tribunal de Familia de Pudahuel, María Paz Gutiérrez y Claudia Paz Miranda, exponen derechamente que los vuelos privados procedentes de Haití llegaban con decenas de niños acompañados por pocos adultos, con documentos cuya autenticidad no siempre podía verificarse y, en algunos casos, con menores cuya apariencia física no coincidía con la edad consignada en antecedentes que las magistradas consideraban insuficientes o poco fiables. Las juezas sostienen que desde fines de 2022 comenzaron a advertir situaciones que califican como irregulares en torno al ingreso de niños haitianos por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez y que, pese a múltiples gestiones realizadas ante distintas autoridades, nunca existió una respuesta que permitiera estandarizar procedimientos ni corregir los problemas detectados.

El documento adquiere especial relevancia porque coincide con varios de los hallazgos expuestos por Contraloría, particularmente aquellos relacionados con la falta de antecedentes para verificar vínculos familiares, deficiencias en la identificación de menores de edad y dificultades para determinar quiénes eran efectivamente los responsables de recibirlos en territorio nacional. Esto, pese a que el debate público y político se redujo a los 64 niños cuya residencia no pudo ser constatada por la Contraloría, como si el problema terminara allí. El informe de las magistradas sugiere precisamente lo contrario, al afirmar que las alertas y los casos observados son considerablemente más amplios que lo indicado por las autoridades políticas.

El origen de las alertas: en el documento, que fue revisado el lunes por el pleno de la Corte Suprema, las juezas afirman que las primeras señales surgieron poco después de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Migración y Extranjería, que si bien fue promulgada en 2021, comenzó a regir tras la publicación de su reglamento, el 12 de febrero de 2022. Según explican, en mayo de ese año participaron en una reunión con funcionarios de Migraciones y de la PDI del aeropuerto para revisar procedimientos vinculados al ingreso de menores extranjeros. En ese encuentro, afirman, se les informó sobre las primeras complicaciones que estaban detectándose respecto del ingreso de niños provenientes de determinados países, como Haití.

Las advertencias aumentaron a fines de 2022. El informe relata que en noviembre de ese año la jueza Claudia Miranda comenzó a participar en reuniones de una subcomisión vinculada a materias de infancia, donde intervenían organismos públicos relacionados con la protección de menores. Fue precisamente en ese espacio donde, según indica el documento, se expusieron reiteradamente las irregularidades que estaban observándose en vuelos privados procedentes de Haití. Las magistradas describen que los vuelos llegaban con niños acompañados por "un solo adulto" y presentaban problemas para acreditar identidades y relaciones familiares. El texto agrega que dichas observaciones motivaron la creación de una nueva mesa de trabajo, pero que esa instancia terminó sin resultados conocidos.

El cierre del documento es probablemente el apartado más duro. Las juezas afirman que durante años intentaron advertir lo que estaba ocurriendo: "Intentamos denunciarla por todas las vías posibles", escriben al referirse a las irregularidades que observaban en el ingreso de menores vulnerables. Añaden que nunca recibieron una instrucción clara que permitiera uniformar criterios para todos los jueces ni establecer procedimientos estandarizados. Según sostienen, tampoco existió una directriz que privilegiara la exigencia de documentación fidedigna ni mecanismos que permitieran verificar adecuadamente que los menores quedaban efectivamente protegidos una vez ingresados al país. Finalmente, concluyen que las condiciones de desprotección en que se estaban produciendo estos ingresos eran conocidas públicamente.