Histórica condena a 17 personas por megafraude de licencias médicas a Fonasa
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Nueve médicos extranjeros recibieron penas de hasta 21 años de cárcel; jueces calificaron el caso como uno de los mayores fraudes al erario fiscal del país.
El 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a 17 personas, entre ellos nueve médicos extranjeros, por el megafraude a Fonasa mediante la emisión de licencias médicas falsas, en un fallo calificado como histórico por la Fiscalía Metropolitana Oriente, que cifró el perjuicio al sistema público de salud en $31.571.798.643.
Los imputados fueron condenados por los delitos de emisión de licencias falsas, asociación delictiva, fraude de subvenciones y lavado de activos. Los médicos recibieron penas efectivas de cárcel, mientras que el resto de los condenados (compradores de licencias y captadores) obtuvieron penas que no superan los cinco años de presidio, con libertad vigilada intensiva.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas que establecieron que los imputados crearon centros médicos de fachada para emitir licencias fraudulentas. El persecutor destacó que el monto real defraudado podría ser superior, ya que "otros centros médicos que no fueron objeto de juicio" elevarían la cifra a más de $50 mil millones.
Duros comentarios de los jueces
Al leer la sentencia, los jueces José Pérez y Grace Díaz emitieron duras críticas contra los condenados. La jueza Díaz sostuvo que "la cuantiosa pérdida de recursos públicos que estas conductas provocaron repercute directa e inevitablemente sobre la calidad, cobertura y suficiencia de las prestaciones sanitarias", y señaló que los médicos colombianos "manipularon y trastocaron el sistema de subsidios por incapacidad laboral".
Los magistrados agregaron que los acusados "abusaron de las facilidades y prerrogativas conferidas por el ordenamiento jurídico chileno", transgrediendo los deberes éticos y legales del acto médico, y participaron en la emisión y venta masiva de licencias falsas, obteniendo "cifras exorbitantes de dinero de origen ilícito".
La sentencia busca enviar una señal de "reafirmar la vigencia del ordenamiento jurídico frente a un fenómeno delictivo de dimensiones inéditas en el país", según los jueces, quienes destacaron la necesidad de una respuesta proporcional a la "extraordinaria gravedad, extensión temporal, sofisticación organizativa y lesividad social de los hechos".
