Huilliches de Chiloé acusan “plan macabro” del gobierno de Kast y convocan a protesta en Castro

Comunidades denuncian allanamientos ilegales, falsas acusaciones de lavado de activos y presión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para vender 1.200 bienes fiscales en territorios ancestrales. La cita es este lunes 11 a las 11:00 en la Plaza de Castro.

Por Héctor Morales S.

“No aceptamos ser encarcelados por falsas acusaciones”. La dirigencia advierte que el allanamiento y las imputaciones por lavado de activos responden a un intento de intimidación para frenar la resistencia territorial.

“Basta de atropellos”: la convocatoria que une a toda la isla

A menos de 24 horas de una movilización clave en Chiloé, las comunidades huilliches alzan la voz con una consigna clara: “Merecemos respeto y justicia”. La cita es este lunes 11 de mayo a las 11:00 horas en la Plaza de Castro, y no se trata solo de una protesta. Según explicó en exclusica a radiolaunion.cl la abogada Orieta Llauca Huala, representante legal de las comunidades, el encuentro busca “informar a la comunidad con un punto de prensa” y generar “una alianza territorial para defender los territorios ancestrales de este ataque criminal que está haciendo el gobierno de Chile”. En tal sentido, según dijo, "será un Trafkintu, y buscamos que se proceda a la devolución por sentencia judicial de dichos terrirorios a sus verdaderos dueños y propietarios, como son las comunidades que habitan en esos territorios y que le han sido heredados por sus antepasados en base al dominio ancestral",

La convocatoria surge tras una serie de allanamientos que la defensa califica de “brutales e innecesarios”, y que dejaron a varias familias detenidas bajo acusaciones que la abogada tilda de “ridículas”, como presunto lavado de activos por transferencias entre cuentas propias o a cónyuges para pagar gastos corrientes.

El blanco político: ministro Jorge Quiroz y la venta de 1.200 inmuebles fiscales

En su intervención, Llauca Huala apuntó directamente al ministro de Hacienda del gobierno de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, a quien acusa de “preferir vender 1.200 inmuebles y terrenos fiscales”. La abogada vinculó esta política de privatización de bienes nacionales con la persecución judicial que afecta a las comunidades, que de hecho tienen títulos de Realengo otorgados por el propio Estado de Chile.

“El Tratado de Tapihue (7 de enero de 1825), declara que del Bio Bio al sur solo existen tierras mapuche, y el Tratado de Tantauco (19 de enero de 1826) afirma que "no se negocian". "Protegeremos la tierra y el mar y nuestros derechos como pueblos originarios”, sentencian los dirigentes, haciendo referencia a territorios de alta significación histórica y cultural para el pueblo huilliche.

En este caso, los comuneros han sido acusados de usurpar las tierras, con la detención de 27 personas para lo cual la Fiscalía desplegó más de 300 funcionarios de la PDI, acusándolos -además- de explotar el bosque nativo, siendo que acestralmente las comunidades viven de la venta de leña, de la cual dependen también para calefaccionarse y cocinar. Esto ha generado un confilcto social grave, que está siendo tratado con el alcalde de Chonchi, para poder ayudar a las comunidades afectadas por las demandas y que, por ahora, están impedidas de generar ingresos por este concepto.

Demandas de reivindicación y denuncias por corrupción judicial

La abogada confirmó que ya están en proceso las demandas de reivindicación judicial en contra del Estado de Chile y de particulares, para dejar sin efecto las inscripciones del Conservador de Bienes Raíces sobre territorios ancestrales. El respaldo legal, según Llauca, está en el artículo 14 del Convenio 169 de la OIT, que el Estado chileno está obligado a respetar “so pena de incurrir en responsabilidad internacional” y en los tratados de Tapihue y Tantauo.

Sin embargo, el principal escollo ha sido el propio tribunal. “Desde el Juzgado Civil de Castro hemos tenido conductas propias de la corrupción de parte de la magistrada”, denunció, adelantando que se darán a conocer nombres y rostros. “Vamos a proceder ya a comenzar a dar los nombres porque el nombre se encuentra ratificado en las resoluciones. No estamos dentro de un tipo penal de injuria ni calumnia, porque contamos con el medio probatorio oficial”, enfatizó.

Falsificación de informes y una querella contra la PDI

Uno de los puntos más graves revelados por la defensa es la presentación de una querella por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público en contra de funcionarios de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt.

Según Llauca, en la audiencia de cautelares se logró acreditar que los informes policiales “adecuaron fechas” para configurar delitos. “Mintieron abiertamente con información que era fácil cotejar con el Registro Civil. Solo bastaba leer. No son errores, son conductas delictivas”, sostuvo.

Familias dañadas: sin sueño, sin ingresos y estigmatizadas

El impacto en las comunidades es profundo. “Las familias no duermen tranquilas, cualquier ruido las levanta. Están afectadas psicológicamente porque el allanamiento fue brutal”, relató la abogada. A ello se suma la pérdida de ingresos: "muchas familias vivían de la extracción y venta de leña a pequeña escala, actividad que hoy han paralizado por miedo a nuevos operativos".

“Lo que se pretendió es dejar a estas personas como criminales en su entorno social. En lugares pequeños y rurales, eso es mucho más gravoso. Sus hijos tienen que ir a la escuela y tolerar que los apunten porque su papá cayó detenido por un catálogo de delitos inexistente”, denunció.

Llamado a la unidad y a la observación internacional

La movilización de este lunes no solo busca visibilizar la situación ante la opinión pública chilena, sino también sentar un precedente ante organismos internacionales. La representante huilliche fue enfática: “El Estado chileno, a través de este gobierno, está ejecutando un plan macabro al cual hay que ponerle un parale. Los tribunales existen para que un juez con objetividad diga quién tiene la razón, pero aquí están impidiendo que una de las partes sea oída”.

Orieta Llauca, hizo incapié de que existe el tratado 169 que el Estado de Chile está obligado a cumplir, de lo contrario cae en incumplimiento internacional, por lo que es una de las herramientas legales que pretenden utilizar.

La cita es este lunes 11 de mayo a las 11:00 AM en la Plaza de Castro. "Se escribe una nueva crónica de una disputa por la tierra, la identidad y la justicia en el sur de Chile", según las comunidades convocantes.