La educación cívica y el laberinto de las reformas: Cómo Chile perdió el rumbo educativo desde 1990

Desde el retorno a la democracia, han intentado modernizar el sistema educativo sin resolver sus problemas de fondo, muchas veces agravando y dejando un sistema que hace agua por todos lados.

Existe una paradoja dolorosa en la historia reciente de Chile: la generación que luchó por recuperar la democracia fue, quizás, la última que recibió una formación sistemática para ejercerla. La Educación Cívica, esa rama fundamental que enseñaba a los estudiantes cómo funcionaba el Estado, cuáles eran sus derechos y deberes, y cómo participar en la vida pública, se impartía en los colegios chilenos hasta 1990. Al volver la democracia, en lugar de potenciarla, se diluyó hasta desaparecer. Hoy, tres décadas después, los resultados de esa omisión están a la vista: una sociedad polarizada, desencantada de la política y profundamente vulnerable a los discursos populistas y a la desinformación.

Ese es solo el primer pecado de una serie de reformas que, desde el retorno a la democracia, han intentado modernizar el sistema educativo sin resolver sus problemas de fondo. Al contrario, muchas veces los han agravado, dejando un sistema que hace agua por todos lados.

1990: El fin de la Educación Cívica y la obsesión por la cobertura

A inicios de los 90, el foco del gobierno de Patricio Aylwin y sus sucesores estaba en la cobertura. Después de años de dictadura, el objetivo era que todos los niños tuvieran acceso a la escuela.

En ese contexto, la Educación Cívica fue eliminada del currículum obligatorio. Se argumentó que era una materia "adoctrinante" de la dictadura y se diluyó en el sector de Historia y Ciencias Sociales. Aunque en los papeles se seguían viendo conceptos como "democracia" o "ciudadanía", en la práctica, la formación cívica profunda (el funcionamiento de los poderes del Estado, la Constitución, el sistema electoral, los deberes tributarios) se perdió. Se formaron generaciones de estudiantes que sabían fechas de batallas, pero no sabían cómo funciona un municipio o cuáles eran sus garantías constitucionales.

Al mismo tiempo, se mantuvo el modelo de subvención por asistencia heredado de la dictadura, que convirtió la educación en un mercado donde los colegios competían por alumnos, y los profesores empezaron a ver cómo sus sueldos y condiciones laborales se deterioraban.

La "Revolución Pinguina" y la LOCE

En 2006, el sistema estalló con la Revolución Pingüina. Miles de estudiantes secundarios salieron a las calles para exigir el fin de la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza), la norma que regía desde la dictadura y que perpetuaba la desigualdad.

La respuesta del gobierno de Michelle Bachelet fue la LGE (Ley General de Educación, 2009). Se cambió el nombre, se agregaron conceptos como "calidad" e "inclusión", pero el modelo de financiamiento (subvención por asistencia) y la lógica de mercado en la educación se mantuvieron intactos. La LGE fue un parche que no resolvió el problema de la segregación ni la desprotección de los docentes.

2014: La Reforma de Bachelet y la ilusión de la equidad

En su segundo mandato, Bachelet impulsó la reforma más ambiciosa de las últimas décadas: el fin al lucro, al copago y a la selección.

· El acierto: Fue un intento valiente de terminar con la segregación socioeconómica que el modelo de mercado había creado.
· El error: Se implementó sin un plan de infraestructura, sin un aumento real de sueldos para los docentes y sin resolver la convivencia escolar.
· El resultado: Los colegios emblemáticos, que eran el orgullo de la educación pública, se convirtieron en focos de violencia y tomas. Los apoderados que podían pagar, migraron al sistema privado. Y los profesores, viendo que sus condiciones no mejoraban, se sintieron traicionados por una reforma que les exigía más (más horas no lectivas, más planificación) sin darles los recursos ni la protección necesaria.

2015 en adelante: La "Nueva Educación Pública" y la desmunicipalización

La creación de los SLEP (Servicios Locales de Educación Pública) fue el intento de devolverle al Estado la gestión de los colegios, quitándosela a los municipios. En teoría, era una buena idea: centralizar la gestión para mejorar la calidad y la equidad. En la práctica, fue un desastre administrativo.

· Los SLEP heredaron los déficits de infraestructura de los municipios, pero con una burocracia mucho más grande.
· Los profesores se vieron atrapados en una maraña de trámites, con sueldos que no se pagaban a tiempo y una falta de protección frente a la violencia escolar.
· La tómbola (el Sistema de Admisión Escolar) garantizó la matrícula, pero no la calidad. Los alumnos llegaban a los colegios municipales por defecto, no por elección.

El resultado: Una generación sin brújula y un sistema agotado

Hoy, casi 35 años después de la eliminación de la Educación Cívica, las consecuencias son evidentes. Tenemos una sociedad que no sabe cómo funciona el poder, que no entiende sus derechos ni sus deberes, y que es presa fácil de la desinformación y los discursos de odio. Los estudiantes de hoy saben usar TikTok, pero no saben cómo se vota ni cómo funciona el Congreso.

A eso se suma un sistema educativo que se ha vuelto un laberinto: reformas que no se terminan de implementar, profesores que trabajan 176 horas pero les pagan 44, y una violencia escolar que ha convertido las salas de clases en territorios donde la ley no llega.

La historia de la educación chilena desde 1990 es la historia de buenas intenciones y malas ejecuciones. Se priorizó la cobertura sobre la calidad, la ideología sobre la ciencia, y la política sobre los niños. Mientras los políticos de todos los colores se echan la culpa unos a otros, la educación pública se muere lentamente, y con ella, se apaga la llama de la movilidad social que alguna vez iluminó a Chile.