Minera Spence demanda a su sindicato y exige más de US$8,5 millones por paralizaciones "ilegales"

La empresa acusa al gremio de detener la faena durante cuatro turnos en junio y julio; el sindicato defiende su actuar en la autonomía sindical.

Minera Spence, operación de cobre de la gigante BHP ubicada a 162 kilómetros al noreste de Antofagasta, presentó una demanda de indemnización de perjuicios contra el Sindicato de Trabajadores de la empresa, al que le exige $8.450.685.270 —más de US$8,5 millones— por los daños que habrían causado dos paralizaciones que califica de "derechamente ilegales".

La acción, presentada ante el Juzgado Civil de Antofagasta, sostiene que el sindicato convocó y dirigió las detenciones de funciones del 30 de junio y 1 de julio, y del 7 y 8 de julio de 2026, con el fin de presionar a la empresa para que pagara un bono extraordinario de $5 millones por afiliado, que no estaba contemplado en el contrato colectivo vigente.

En una carta del 29 de mayo, citada en la demanda, la organización describió el pago como una "petición de participación del ganancial que colaboramos en generar para la empresa". El 30 de junio, Spence respondió que cumpliría el contrato colectivo, sin agregar el bono. De acuerdo con la demanda, el sindicato convocó de inmediato a sus socios a no presentarse a sus turnos, en lo que la empresa describe como una "huelga de brazos caídos".

Las cifras de la paralización

Según la demanda, que se apoya en actas notariales levantadas durante las jornadas, en la primera paralización se ausentaron 413 trabajadores y en la segunda, 350. Las inspecciones dejaron constancia de áreas sin personal y de equipos detenidos: en una de las jornadas, solo 3 de los 34 camiones de la faena estaban operativos.

La compañía calcula que las operaciones estuvieron interrumpidas 23 horas en la producción de cátodos y 26 horas en la de concentrado, con una pérdida de 567 toneladas de cobre fino y dos toneladas de molibdeno. Valorizada al precio que obtuvo Spence en julio, US$6,75 por libra de cobre, la producción perdida equivale a US$8,58 millones.

El argumento legal

El argumento central de la minera es que, aunque la huelga es un derecho de los trabajadores, no hubo ninguno de los requisitos que exige el Código del Trabajo. Al momento de las paralizaciones no estaba en curso una negociación colectiva reglada, no hubo votación ni aviso a la empresa o a la Inspección del Trabajo, y el sindicato tampoco invocó el artículo 184 bis, que permite interrumpir labores ante un riesgo grave para la vida o la salud.

Spence subraya que la acción se dirige contra el sindicato como organización, por su "actuación concertada y organizada", y no contra los trabajadores individualmente. La organización, constituida en 2005, reúne a 1.082 afiliados, el 96% de la dotación de su estamento.

La defensa del sindicato

El sindicato, en tanto, habría respondido a la empresa que lo ocurrido fue consecuencia de "más de un año de propuestas, reuniones y solicitudes" que no habrían encontrado una respuesta oportuna, y defendió su actuar en la autonomía sindical.

En declaraciones anteriores, la encargada de comunicaciones del Sindicato Spence, Gabriela Rivas, señaló que los problemas se arrastran desde hace más de un año y apuntan a la seguridad de los trabajadores frente a incidentes graves, la organización del trabajo, las metas productivas y la subcontratación.

Un historial de conflictos

No es la primera vez que Spence y su sindicato se enfrentan en tribunales. En junio de 2026, el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta rechazó una denuncia por práctica antisindical interpuesta por la minera contra el sindicato por una asamblea realizada en septiembre de 2023, tras el despido de 15 trabajadores. El tribunal estableció que, en empresas alejadas de centros urbanos y con procesos continuos, las asambleas necesariamente deben realizarse dentro de las instalaciones y coincidir con las jornadas laborales, y que frente a la colisión entre la libertad sindical y la facultad empresarial, debe preferirse la primera.

A esto se suman otras tensiones: en marzo de 2026, la Federación de Sindicatos BHP Chile rechazó el despido de 36 trabajadores de Spence, calificándolo de "inaceptable" en un contexto de altas utilidades para la compañía . Y en diciembre de 2025, la Dirección del Trabajo realizó una fiscalización en la faena tras denuncias del sindicato por condiciones laborales inseguras.

La demanda civil presentada por Spence representa un paso inusual en la industria minera chilena, donde los conflictos laborales suelen resolverse en la justicia laboral o mediante negociaciones colectivas. El caso ahora queda en manos del Juzgado Civil de Antofagasta, que deberá determinar si las paralizaciones constituyeron o no un ejercicio ilegítimo del derecho a huelga.