Nueva ley permite que una docena de trámites ya no requieren pasar por notarías y se podrán hacer desde casa

La normativa impulsa el uso de firma electrónica avanzada, fija precios máximos y permite al Sernac supervigilar la calidad del servicio con multas de hasta 300 UTM.

Desde el pasado 2 de abril de 2026 está vigente la Ley N° 21.772, que reforma el sistema notarial y registral en Chile, eliminando la obligatoriedad de realizar una docena de trámites en notarías. La normativa permite que estas gestiones se resuelvan mediante declaraciones simples, firma electrónica avanzada o a través de plataformas digitales, con el objetivo de reducir la burocracia y facilitar los trámites a distancia.

Entre los trámites que ya no requieren paso por notaría se encuentran los permisos de alteración de viviendas económicas, las modificaciones de estatutos en sociedades anónimas deportivas, las actas de asambleas en cooperativas, la delegación de facultades del deudor en procedimientos concursales y los acuerdos de asociaciones de pescadores. También se eliminó la exigencia notarial para ciertos trámites del Código de Aguas y para la concesión de servicio público de distribución de gas.

En el ámbito administrativo, la acreditación de experiencia en concursos públicos podrá hacerse mediante declaración simple, y la representación ante órganos del Estado podrá ser con poderes simples, sin necesidad de firma ante notario, salvo que una ley lo exija expresamente. La reforma además impulsa la digitalización del sistema, permitiendo obtener copias de escrituras o certificados de forma remota y gratuita en muchos casos.

La nueva ley también introduce precios máximos que serán fijados por los ministerios de Justicia, Hacienda y Economía, y obliga a las notarías a respetar horarios de funcionamiento, informar claramente sus precios y cumplir estándares mínimos de infraestructura y atención. El Sernac ahora puede supervigilar la calidad del servicio y el cumplimiento de la Ley del Consumidor, pudiendo denunciar a las notarías ante la justicia con multas de hasta 300 UTM por infracciones como cobros indebidos, demoras injustificadas o publicidad engañosa.