¿Por qué Chile no logra revertir las altas tasas de desempleo?

El desempleo en Chile y la parálisis de una clase política que mira las encuestas y no la realidad, seguirá siendo la factura que paguen los trabajadores.

El desempleo en Chile ha dejado de ser un dato estadístico para convertirse en una experiencia cotidiana, dolorosa y asfixiante. Las cifras oficiales rondan el 9%, pero al poner la lupa en la realidad de las mujeres, la barrera del 10% se rompe con facilidad. Sin embargo, detrás de los fríos números del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) hay un fenómeno mucho más complejo, que involucra leyes anacrónicas, una competencia global feroz, una revolución tecnológica imparable y una clase política que, atrapada en su propio cálculo electoral, ha sido incapaz de articular una respuesta que no sea un eslogan de campaña.

El peso del pasado: La trampa del salario mínimo mensual

Para entender por qué el empleo no crece en Chile, hay que mirar hacia atrás. La izquierda defiende con uñas y dientes el salario mínimo mensual, presentándolo como una conquista social irrenunciable. Pero la paradoja histórica es brutal: esa figura jurídica no nació en la lucha sindical, sino en el Plan Laboral de 1979, en plena dictadura militar. Fue diseñada para estandarizar la mano de obra, desmovilizar a los sindicatos y facilitar el control macroeconómico.

Hoy, ese legado se ha convertido en una camisa de fuerza. El salario mínimo mensual impone una lógica de "todo o nada": un empleador no puede contratar a un especialista por 10 horas a la semana, ni a un emprendedor le resulta rentable contratar a alguien para un proyecto temporal, porque el sistema lo obliga a asumir la carga de una jornada completa. La izquierda lo defiende por miedo a la precarización en un país con fiscalización débil. La derecha y los emprendedores lo critican, pero no se atreven a proponer un cambio real por temor a la reacción sindical. Y mientras ambos se debaten, el emprendedor decide automatizar.

La fuga silenciosa: Cuando el servicio extranjero es un 50% más barato

A la rigidez laboral se suma una variable que pocos políticos se atreven a mencionar en voz alta: la competitividad global de los servicios. Hoy en día, muchos trabajos que antes se realizaban en Chile se están contratando en Argentina, Perú o México, donde los costos operativos y laborales son hasta un 50% más bajos.

Un emprendedor chileno que quiere externalizar un servicio de diseño, programación, contabilidad o atención al cliente se enfrenta a una disyuntiva brutal: contratar a un profesional chileno, con todas las cargas legales, previsionales y la rigidez del sistema, o contratar a un equipo en el extranjero que cobra la mitad y ofrece la misma calidad. La decisión, desde el punto de vista económico, es obvia. Pero el resultado es que el empleo se va del país, sin que el Estado haga nada para retenerlo. La clase política habla de "modernizar" el empleo, pero no entiende que la competencia ya no es solo entre regiones de Chile, sino entre Chile y el mundo.

La presión migratoria: Un millón de personas y la crisis de vivienda

Y en este escenario ya complejo, se suma otro factor que la clase política prefiere evitar: la llegada de más de un millón de extranjeros en los últimos años. Este fenómeno ha tenido dos impactos directos y medibles.

Primero, la presión sobre la vivienda. Santiago, y en general las grandes ciudades, han visto un aumento explosivo en la demanda de arriendo y compra de viviendas, lo que ha disparado los precios y ha generado una crisis de acceso habitacional sin precedentes. Los sueldos no han crecido al mismo ritmo que los arriendos, lo que empuja a miles de familias a la periferia o a la informalidad.

Segundo, la presión sobre el empleo. La llegada masiva de trabajadores extranjeros, muchos de ellos dispuestos a trabajar por salarios más bajos o en condiciones más flexibles, ha generado una competencia que afecta especialmente a los sectores de menor calificación. En la agricultura, por ejemplo, cada primavera-verano ingresan legalmente 300.000 trabajadores bolivianos para las cosechas de fruta. Esto es vital para el sector exportador, pero también presiona a la baja los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores chilenos en esas mismas faenas.

Nadie discute el aporte de los migrantes a la economía. Pero la clase política ha fallado en gestionar este flujo con una política migratoria clara, una política de vivienda acorde a la nueva demanda y una política laboral que no castigue a los chilenos que compiten en desventaja. El resultado es un cóctel explosivo: menos empleos, más competencia, viviendas más caras y una sensación de abandono que alimenta el discurso populista.

La ficción de las 44 horas: El caso de los profesores

El ejemplo más doloroso de la rigidez del sistema es el de los docentes. En el papel, tienen una jornada de 44 horas. En la realidad, trabajan 60, 70 o más horas semanales, corrigiendo pruebas en casa, llenando plataformas digitales y haciendo clases en dos o tres colegios distintos para llegar a fin de mes.

Estudian cinco años de universidad, se endeudan para formarse como profesionales, pero se les paga como técnicos. La jornada de 44 horas es una ficción administrativa que esconde una sobreexplotación encubierta. Y lo más grave: el sistema no permite que un especialista (un ingeniero, un científico, un experto en programación) haga clases por 6 horas a la semana con un pago premium. El sistema prefiere tener profesores "generalistas" sobrecargados antes que flexibilizar el contrato para atraer talento real.

La irrupción de la IA: El elefante en la habitación

Mientras la clase política discute si las 40 horas o la Ley Karin encarecieron el empleo, el verdadero terremoto está ocurriendo en silencio. Chile es uno de los países de la OCDE con mayor riesgo de automatización: el 42,2% de los trabajadores enfrenta un riesgo alto de que sus tareas sean reemplazadas por la IA.

Un emprendedor que está a punto de automatizar su sistema lo tiene claro: si el costo de contratar a una persona es alto, rígido, incierto y además compite con un servicio extranjero que cobra la mitad, la decisión racional es invertir en tecnología. No es una traición al trabajador; es la única forma de sobrevivir. Pero el Estado chileno no está preparado para esta transición. No hay un plan masivo de reconversión laboral, ni una flexibilización del salario mínimo por hora con un piso de derechos proporcional, ni un fondo de capital de riesgo para proyectos de alto impacto.

La responsabilidad de la clase política

Y aquí es donde la clase política, de ambos sectores, falla estrepitosamente.

La izquierda sigue aferrada a un modelo de empleo del siglo XX, defendiendo el salario mínimo mensual y la jornada completa como dogmas de fe, sin entender que la rigidez expulsa a los emprendedores, a los especialistas y a los servicios que se van al extranjero. Se niega a discutir la contratación por horas porque teme que se precarice el trabajo, pero no propone una alternativa que permita flexibilidad con derechos. Se queda en la denuncia, no en la solución.

La derecha y el oficialismo hablan de "megarreformas" y "Chile Despega", de reducir impuestos y atraer inversión, pero no se atreven a tocar el nudo estructural: el costo real de contratar, la deformación del sistema de salarios y la falta de una política migratoria que ordene el mercado laboral. Critican la burocracia, pero no la simplifican. Prometen crecimiento, pero el crecimiento no llega porque las pymes no pueden escalar.

Ambos sectores están atrapados en el cálculo electoral. La izquierda no quiere perder el voto sindical. La derecha no quiere perder el voto empresarial. Y en el medio, quedan los millones de chilenos que buscan empleo, los emprendedores que quieren contratar pero no pueden, los profesores que trabajan el doble por un sueldo de técnico y los trabajadores que compiten con servicios extranjeros y con migrantes en condiciones de desventaja.

El círculo vicioso

El resultado es un círculo vicioso que nadie se atreve a romper:

1. Las leyes encarecen el trabajo y la fiscalización es débil.
2. El emprendedor automatiza o contrata en el extranjero.
3. El empleo formal no crece y la economía se estanca.
4. La presión migratoria y la falta de vivienda agravan la crisis social.
5. El Estado recauda menos, presiona con más impuestos y la incertidumbre aumenta.
6. El emprendedor invierte menos. Y vuelta a empezar.

La hora de la verdad

Chile necesita una reforma laboral que no sea un ajuste cosmético, sino un cambio de paradigma: pasar del salario mínimo mensual a un salario mínimo por hora con un piso de derechos proporcional, permitir la contratación flexible con cotizaciones reales, fiscalizar con tecnología, crear un fondo de reconversión para los trabajadores desplazados por la IA y, sobre todo, una política migratoria y de vivienda que ordene el mercado sin expulsar a los chilenos de él.

Mientras la clase política siga debatiéndose entre el voto y la oportunidad, entre el cálculo electoral y la realidad, el desempleo seguirá siendo la factura que paguen los trabajadores. Y los emprendedores, como usted, seguirán automatizando o contratando en el extranjero. No por gusto, sino porque el sistema los obligó a elegir entre contratar o sobrevivir.