Caso Bernarda Vera se cierra tras 53 años: Estado la elimina del registro de desaparecidos
Una sentencia judicial estableció que la profesora y militante del MIR está con vida en Argentina; el ADN confirmó su identidad con una certeza superior al 99,9999%.
El Estado de Chile ordenó eliminar a Bernarda Rosalba Vera Contardo del Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, luego de que una sentencia judicial firme estableciera que la profesora y militante del MIR se encuentra con vida en Argentina, poniendo fin a más de cinco décadas de incertidumbre sobre su destino.
La resolución fue publicada este jueves en el Diario Oficial por la Subsecretaría de Derechos Humanos. El documento revela parte de lo establecido por el ministro en visita Álvaro Mesa Latorre en la investigación que permanecía bajo secreto: Bernarda Vera está viva, no fue secuestrada y tampoco falleció producto del ataque de terceros.
El pasado 27 de julio, el magistrado comunicó a la familia el resultado de una pericia genética del Servicio Médico Legal, que comparó el perfil de la mujer localizada en Argentina con muestras de sus familiares conservadas en el Banco Genético. El resultado estableció una probabilidad de identificación superior al 99,9999%. Dos días después, el ministro Mesa dictó la resolución que confirmó que Vera "se encuentra con vida y residiendo en la República de Argentina".
Con ello, la Subsecretaría de Derechos Humanos concluyó que ya no se cumple el requisito legal para mantener su calificación jurídica como persona ausente por desaparición forzada, y ordenó cancelar su inscripción y comunicar la decisión al Registro Civil.
El caso ha abierto un debate sobre las reparaciones entregadas por el Estado y el funcionamiento de las instituciones encargadas de determinar el destino de las víctimas. La periodista Pascale Bonnefoy, quien integró el Plan Nacional de Búsqueda, defendió que "el caso de Bernarda Vera es un éxito del Plan Nacional de Búsqueda, porque efectivamente fue una búsqueda y con resultados de destino final". El ministro de Justicia, Fernando Rabat, señaló que el Estado puede perseguir la restitución de pagos que carezcan de una causa que los justifique.



