Congreso despacha ley que permite a la PDI entrar a domicilios con orden judicial para expulsar migrantes

La norma faculta a la policía a solicitar autorización a un juez de garantía para detener a extranjeros con órdenes de expulsión firmes; también eleva a cinco años la prohibición de reingreso.

El Congreso Nacional despachó este martes el proyecto de ley que busca agilizar las expulsiones administrativas de migrantes en situación irregular, tras la aprobación del informe de la Comisión Mixta por 37 votos a favor y una abstención en el Senado, sumándose al respaldo previo de la Cámara de Diputados, que lo visó con 128 votos a favor y 11 en contra.

La iniciativa, que nació durante el gobierno de Gabriel Boric y fue reimpulsada por la administración de José Antonio Kast, faculta a la Policía de Investigaciones (PDI) para solicitar por escrito a un juez de garantía autorización para ingresar a un domicilio, con el único fin de detener a un extranjero que cuente con una orden de expulsión firme y ejecutoriada.

El alcance de la nueva facultad

La norma no permite que la PDI ingrese libremente a cualquier vivienda por el solo hecho de que una persona se encuentre en situación migratoria irregular. El procedimiento estará sujeto a requisitos legales y al control previo de un tribunal, que deberá resolver la solicitud en un plazo de 24 horas.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que actualmente la PDI no tiene la facultad de ingresar a un domicilio para detener a una persona con orden de expulsión, por lo que esta herramienta permitirá hacer efectivas órdenes que, pese a estar decretadas, no pueden concretarse cuando la persona no es ubicada.

Otras modificaciones

El proyecto también introduce otros cambios relevantes:

· Prohibición de reingreso: Se eleva de tres a cinco años el período mínimo de prohibición de ingreso al país para quienes sean expulsados .
· Plazos de reclamación: El plazo para presentar una reclamación judicial se reduce de diez a cinco días, y el recurso ya no suspenderá automáticamente la ejecución de la medida .
· Registro biométrico: Se establece la obligatoriedad del registro de datos biométricos para infractores mayores de edad.
· Notificaciones: Se permiten notificaciones electrónicas y tácitas, y la posibilidad de retener documentos de viaje.
· Límites: La facultad para solicitar información a organismos públicos excluye datos de menores de edad y antecedentes provenientes de establecimientos educacionales y de salud.

Debate y desafíos

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, valoró el respaldo transversal y señaló que la reforma busca "agilizar las expulsiones administrativas, dar seguridad jurídica y, de esa manera, hacerlas más efectivas" . El senador Andrés Longton (RN) destacó que la ley "debe ir acompañada de la colaboración de los tribunales de justicia", señalando que "cuando los recursos de amparo terminan frenando las expulsiones —más de 3.700 en los últimos años—, el trabajo del Congreso y del gobierno se vuelve insuficiente".

Durante el debate, la senadora Danisa Astudillo advirtió sobre la brecha entre las órdenes dictadas y su cumplimiento: en 2025 se emitieron más de 23 mil órdenes de expulsión, pero se concretaron poco más de 1.200.

La iniciativa aún deberá cumplir los trámites constitucionales correspondientes, incluido el control del Tribunal Constitucional, antes de su promulgación y entrada en vigor.