Contraloría: Migraciones actuó ilegalmente al flexibilizar requisitos para ingreso de niños haitianos

El informe final de 147 páginas califica la medida como "evidente vulneración" al ordenamiento jurídico e instruye procesos disciplinarios. Detecta fallas de coordinación y adultos responsables de numerosos menores.

La Contraloría General de la República concluyó que el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), bajo la dirección de Luis Eduardo Thayer (FA), aplicó criterios excepcionales en los procesos de reunificación familiar de ciudadanos haitianos sin contar con atribuciones legales para ello, configurando una "evidente vulneración" al ordenamiento jurídico. El informe final de 147 páginas, fechado el 24 de junio de 2026, revisó los permisos otorgados entre 2022 y 2025 y determinó que los requisitos, documentos y condiciones fijados por la Ley de Migración N° 21.325 no podían ser modificados ni exceptuados mediante un simple memorándum interno.

El organismo fiscalizador fue categórico al señalar que "los requisitos y documentación idónea para el ingreso y egreso del país están establecidos en la citada ley y en sus respectivos reglamentos, no pueden ser modificados o exceptuados mediante un simple memorándum". Agregó que ello implica "arrogarse atribuciones propias de los poderes colegisladores, o de la potestad reglamentaria en su caso", ya que cualquier cambio debía hacerse por ley o mediante decreto supremo con toma de razón y publicación en el Diario Oficial, "nada de lo cual se cumplió".

La investigación identificó múltiples incumplimientos en los expedientes revisados, incluyendo certificados de antecedentes penales vencidos, certificados de nacimiento sin legalización, pasaportes que no cumplían las exigencias reglamentarias y ausencia de documentación requerida respecto de vínculos familiares. En varios casos, Migraciones justificó las flexibilizaciones invocando el complejo contexto político y de seguridad en Haití, argumento que la Contraloría rechazó al sostener que el servicio actuó "sin contar con atribuciones para exceptuar los procedimientos, requisitos y condiciones fijados en la ley".

Como consecuencia, la Contraloría instruyó un procedimiento disciplinario para determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios que participaron en la emisión y aplicación del memorándum. Además, ordenó que en el futuro el servicio sólo establezca eventuales procedimientos excepcionales mediante actos administrativos formalmente válidos y con atribuciones legales expresas. También se iniciarán procedimientos disciplinarios por la falta de coordinación institucional y por las irregularidades en la tramitación de reunificaciones familiares.

El informe detectó graves falencias de coordinación entre el Sermig, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez, señalando que no existían protocolos para compartir información de forma oportuna, mecanismos para enfrentar situaciones críticas ni procedimientos conjuntos para la trazabilidad efectiva de los menores. La Contraloría calificó la coordinación como un "deber jurídico" y no como una simple recomendación administrativa, incorporando esta materia a los procedimientos disciplinarios.

Otro hallazgo relevante fue la detección de 12 personas extranjeras que ingresaron de manera habitual como adultos responsables de numerosos menores durante 2024 y 2025, siendo el caso más extremo una persona que apareció como responsable de 34 menores en un vuelo del 5 de abril de 2025. Además, se constató que un vuelo de Caribbean Sun Airlines (WAL-801) llegó sin presentar el listado de pasajeros exigido por ley, por lo que se ordenó un Examen de Cuentas Autónomo para determinar responsabilidades y sanciones.

El informe final también ordena la realización de un examen de cuentas a la DGAC por el vuelo WAL-801, solicita revisitas para determinar la situación efectiva de los menores no ubicados y formula un requerimiento de controles coordinados a nivel de toda la Administración del Estado respecto de menores ingresados bajo reunificación familiar. Además, se instruyó un procedimiento disciplinario por vulneración del deber de reserva del preinforme y filtración de información sensible, cuyos antecedentes fueron enviados al Ministerio Público.