De Lagos a Kast: La ley de rebaja de penas de 25 años que hoy tiene en crisis a La Moneda

La norma nació en 2001 para reemplazar la pena de muerte y fue aprobada transversalmente; hoy expone las contradicciones de todos los gobiernos por igual.

La crisis política que enfrenta el Ministerio de Justicia tras la revelación de que se otorgaron rebajas de condena a 56 personas, en su mayoría agresores sexuales de menores, no es un hecho aislado ni una creación del actual gobierno. Es la consecuencia no prevista de una ley que tiene casi un cuarto de siglo de antigüedad, que fue aprobada con amplio respaldo político y que, desde entonces, ha sido aplicada —con distintos énfasis y filtros— por todos los gobiernos de la centroizquierda y la derecha.

El origen: El precio de abolir la pena de muerte

Para entender el presente, hay que remontarse a mayo de 2001, durante el gobierno de Ricardo Lagos. Chile venía arrastrando un compromiso internacional para eliminar la pena de muerte. Sin embargo, la derecha de la época se resistía a derogarla sin una contraprestación.

El Ejecutivo de entonces negoció una suerte de "moneda de cambio": se eliminó la pena capital (publicada en el Diario Oficial un sábado de mayo) y, al día hábil siguiente, vale decir el lunes, se ingresó el proyecto de la Ley 19.734. Esta normativa creó el presidio perpetuo calificado (la pena más alta actual) y, a la vez, introdujo la rebaja de condena por buena conducta, trabajo y estudio. El objetivo era dar un incentivo de rehabilitación a quienes ahora se les negaba la muerte, pero el texto legal no excluyó a ningún tipo de delincuente. Ni siquiera a los pedófilos. Fue aprobada por amplios sectores políticos, convencidos de que era el paso civilizatorio necesario.

El uso en el gobierno de Boric: El volumen del problema

La ley existía, pero bajo el gobierno de Gabriel Boric su aplicación alcanzó niveles récord y una visibilidad mediática brutal. Durante su administración, se reveló que más de 7.000 reos obtuvieron rebajas de condena en un solo año, y miles accedieron a la libertad condicional.

El problema en ese entonces no fue una firma política, sino la falta de filtros del sistema. La ley permitía que delincuentes sexuales, homicidas y miembros del crimen organizado redujeran sus penas por trabajo o estudio, sin distinción de la gravedad del daño causado. El gobierno de Boric se vio sobrepasado por las críticas, prometió modificar la ley para excluir a los delitos más graves, pero el descontento ciudadano por la "puerta giratoria" ya estaba instalado.

El caso Kast: La firma que desató la crisis

Bajo el gobierno de José Antonio Kast, la historia tomó un giro distinto, pero igualmente catastrófico. A fines de octubre de 2026, se conoció que el Ministerio de Justicia, a través de la firma del subsecretario Luis Silva (actuando como subrogante del ministro Fernando Rabat), había emitido decretos para rebajar la condena de 56 personas, casi todas condenadas por delitos sexuales contra menores.

Aquí el escándalo no fue el volumen (no eran miles, eran 56), sino la decisión política y administrativa. A diferencia del gobierno anterior, donde las rebajas las otorgaban los tribunales, aquí fue el propio Ejecutivo el que firmó los decretos. A pesar de que el gobierno defendió la medida argumentando que solo aplicaba la ley vigente, el impacto fue inmediato: el 70% de la ciudadanía rechazó la decisión, el subsecretario Silva debió renunciar tras publicar un video justificándose sin coordinar con La Moneda, y el ministro Rabat quedó con una amenaza de acusación constitucional.

La lección: Una ley que nadie se atreve a cambiar

Lo paradójico de esta historia es que, a pesar de las crisis en ambos gobiernos, la ley de 2001 sigue vigente. Ninguno de los dos ha logrado modificarla de fondo. La derecha acusa a la izquierda de haber creado la norma (aunque fue aprobada por ellos también), y la izquierda acusa a la derecha de aplicarla con criterios inhumanos.

La realidad es que, en 25 años, los políticos no han sido capaces de actualizar la ley para que la rebaja de penas por buen comportamiento no sea un beneficio automático para violadores y abusadores de niños. Mientras no se modifique la norma, el problema seguirá pasando de gobierno en gobierno, como una papa caliente que nadie quiere asumir, pero que todos terminan quemándose.