Gobierno anuncia inversión récord y aborda críticas por lentitud en erradicación de campamentos en Chile

Un informe del Minvu revela que existen más de 1.200 asentamientos informales en el país, concentrados principalmente en la Región Metropolitana, Valparaíso y Biobío.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) presentó este miércoles el Catastro Nacional de Campamentos 2026, que revela la existencia de 1.245 asentamientos informales en todo Chile, con un total de 85.000 familias viviendo en condiciones de precariedad. La cifra representa un aumento del 8% respecto del catastro anterior, concentrándose la mayor cantidad de campamentos en las regiones Metropolitana (45%), Valparaíso (18%) y Biobío (12%).

El gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció una inversión histórica de $500.000 millones para el plan "Chile sin Campamentos 2027-2030", que busca erradicar 400 asentamientos en los próximos cuatro años y regularizar la situación de 30.000 familias. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, señaló que "vamos a priorizar la intervención en campamentos de alto riesgo, aquellos ubicados en zonas de inundación o remociones en masa, y en asentamientos que afectan bienes nacionales protegidos".

Sin embargo, organizaciones sociales y la oposición han criticado la lentitud del proceso de erradicación. La coordinadora "Chile sin Campamentos" acusó que, al ritmo actual, se necesitarían más de 20 años para resolver el déficit habitacional cualitativo. "Las cifras del gobierno son insuficientes. Se requiere una política de Estado con metas anuales vinculantes y participación ciudadana efectiva", señaló la vocera de la agrupación, Verónica Matus.

Entre las medidas más polémicas anunciadas por el Ejecutivo está la creación de una "Unidad de Desalojo Rápido" para campamentos en terrenos fiscales, que ha generado rechazo en la Defensoría Penal Pública y en la Asociación de Funcionarios del Minvu. El gobierno defiende la iniciativa señalando que "la propiedad privada debe ser respetada y el Estado no puede ser cómplice de tomas ilegales". Se espera que en las próximas semanas se inicie una mesa de diálogo con alcaldes y dirigentes sociales para definir prioridades territoriales.