Prisión preventiva para alcalde de Río Bueno y empresario Héctor Meza por cohecho y lavado de activos

El juez Diego Fuentes consideró que ambos representan un peligro para la sociedad; el alcalde también queda con peligro para la investigación. 

El Juez de Garantía de Río Bueno, Diego Fuentes Rolack, resolvió aplicar la medida cautelar de prisión preventiva para el alcalde Luis Reyes Álvarez y para el empresario Héctor Meza Hermosilla en la causa por cohecho agravado y lavado de activos, al considerar que los imputados representan un peligro para la sociedad.

En el caso específico de Reyes, el magistrado también estimó que existe peligro para la investigación. El Ministerio Público atribuye al alcalde en ejercicio de la comuna una participación directa en los hechos ocurridos en el municipio de Río Bueno.

La resolución se adoptó en el tercer día de la larga audiencia de formalización que comenzó el lunes 19 de octubre, instancia en la que el juez resolvió las medidas cautelares de los tres imputados que faltaban, luego de que el martes los otros tres se allanaran a las medidas solicitadas por la Fiscalía.

Prescripción y otras cautelares

Respecto a la prescripción de hechos anteriores al 20 de noviembre de 2018, el magistrado resolvió que dichos antecedentes no pueden incluirse en la causa por estar prescritos. Sin embargo, negó la prescripción solicitada por la defensa de Rodrigo Maluenda, argumentando que la nueva ley establece un plazo de 10 años y no de 5.

En cuanto a la solicitud de la defensa de Héctor Meza, el tribunal no concedió la prescripción en cuanto al delito de soborno, pero estimó que el lavado de activos no estaría acreditado en su caso.

Para Gladys Mancilla, el tribunal consideró que no se cumplían los requisitos para decretar arresto domiciliario parcial, por lo que solo quedó sujeta a firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse o tener contacto con los demás involucrados, con excepción de su pareja y padre de sus hijos, el alcalde Reyes.

Plazo de investigación

Considerando que la investigación se encuentra avanzada, el tribunal concedió un plazo de 100 días para la investigación, desestimando los 150 días solicitados por el Ministerio Público y los 30 y 90 días requeridos por las defensas.

De acuerdo a las solicitudes de sus defensas, los imputados deberían ser trasladados a Valdivia, al Centro Penitenciario de Llancahue, a módulos de separación y seguridad.