Tres periodistas chilenos de dos medios de comunicación habrían sido financiados por Rusia e Irán, según el informe internaconal.
Una investigación internacional destapó una extensa red de periodistas y medios de comunicación financiados por los gobiernos de Rusia e Irán con el objetivo de influir en la opinión pública de América Latina, Europa y otras regiones. El informe, elaborado por un consorcio de medios de investigación, revela pagos millonarios a comunicadores para difundir narrativas favorables a los intereses geopolíticos de ambos regímenes.
Según los documentos filtrados, las operaciones incluyeron transferencias bancarias a periodistas y medios independientes en países como Chile, Argentina, México, España y Alemania, entre otros. En el caso de Chile, se identificaron al menos tres comunicadores que habrían recibido fondos para publicar artículos y reportajes que minimizaban las críticas a los gobiernos de Vladimir Putin y a la República Islámica de Irán, especialmente en el contexto de la invasión a Ucrania y las tensiones en Medio Oriente.
La metodología de financiamiento operaba a través de empresas fachada y fundaciones con aparentes fines culturales o académicos. Los periodistas involucrados recibían instrucciones editoriales y recursos para producir contenidos que replicaban la propaganda oficial rusa e iraní, incluyendo desinformación sobre conflictos bélicos, ataques a la oposición política y desacreditación de informes de derechos humanos.
Los medios chilenos que estarían involucrados son El Ciudadano y La Voz de los Trabajadores, ambos con una línea editorial crítica hacia Estados Unidos e Israel, y que en los últimos años replicaron sistemáticamente contenidos favorables a las narrativas oficiales de Moscú y Teherán. Según la investigación, ambos sitios habrían recibido financiamiento encubierto a través de empresas radicadas en Panamá y Emiratos Árabes Unidos, que habrían canalizado recursos para la producción de reportajes, columnas y material audiovisual.
Los documentos muestran que Daniela López habría recibido al menos 12 transferencias entre 2022 y 2025 por un total cercano a los 85 mil dólares ($ 85 millones de pesos) para producir reportajes sobre la guerra en Ucrania, donde minimizaba las atrocidades rusas y responsabilizaba a la OTAN del conflicto. Ricardo Méndez, por su parte, habría gestionado fondos por más de 200 mil dólares ($ 200 millones de pesos) para mantener la operación de El Ciudadano y financiar giras de "periodismo independiente" a Moscú y Teherán, donde sus periodistas entrevistaban a altas autoridades sin declarar el patrocinio.
Claudio Andrade, conocido por sus columnas en La Voz de los Trabajadores, habría recibido cerca de 35 mil dólares ($ 35 millones) para publicar más de 50 artículos que desacreditaban informes de derechos humanos sobre Irán y justificaban la invasión rusa a Ucrania. En sus escritos, Andrade calificaba a Zelenski como "títere de Washington" y describía a los ayatolás como "defensores de la resistencia anticolonial".
Los periodistas señalados en el informe han rechazado las acusaciones, argumentando que su trabajo ha sido independiente y que los fondos recibidos correspondían a colaboraciones editoriales legítimas. Sin embargo, la investigación internacional ha generado alertas en los servicios de inteligencia de varios países, que investigan la magnitud de la infiltración propagandística en sus territorios.
El gobierno chileno aún no se ha pronunciado oficialmente sobre las revelaciones, aunque fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que están evaluando los antecedentes para determinar posibles acciones diplomáticas. Organizaciones de defensa de la libertad de expresión condenaron la práctica, advirtiendo que "el financiamiento extranjero encubierto para influir en la opinión pública constituye una amenaza a la soberanía informativa de los países".
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