Datos de la Dipres contradicen a ministro Quiroz sobre saldo de caja fiscal dejado por gobierno de Boric
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El informe detalla que los US$3.617 millones mencionados por Quiroz incluyen partidas que no corresponden a deudas exigibles al 11 de marzo, sino a compromisos presupuestarios para el ejercicio fiscal 2026 que fueron correctamente imputados según la normativa vigente.
La Dirección de Presupuestos (Dipres) entregó este miércoles un informe técnico que desmiente las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien aseguró que el gobierno de Gabriel Boric dejó una caja fiscal con deudas por US$3.617 millones. Según los registros oficiales de la entidad, el saldo efectivo al cierre de la administración anterior correspondía a US$1.200 millones en obligaciones de corto plazo, todas debidamente provisionadas en la Ley de Presupuestos 2026.
El informe detalla que los US$3.617 millones mencionados por Quiroz incluyen partidas que no corresponden a deudas exigibles al 11 de marzo, sino a compromisos presupuestarios para el ejercicio fiscal 2026 que fueron correctamente imputados según la normativa vigente. La Dipres aclaró que las transferencias a regiones y municipalidades, así como los pagos a proveedores, se encuentran dentro de los márgenes normales de estacionalidad del gasto público.
La exdirectora de Presupuestos, Javiera Martínez, explicó que "es habitual que al cierre de una administración existan obligaciones devengadas que se pagan en los primeros meses del nuevo ejercicio fiscal. La cifra de US$1.200 millones corresponde a los compromisos efectivamente pendientes de pago al 11 de marzo, los cuales fueron informados al equipo de transición con la debida anticipación".
El ministro Quiroz había señalado el lunes que el gobierno de Boric había dejado "un pasivo fiscal significativo" que exigiría ordenamiento financiero en los primeros meses de la actual administración. Sin embargo, los datos de la Dipres indican que el saldo real es un 67% inferior al señalado por el secretario de Estado, y que el grueso de las obligaciones mencionadas corresponden a gastos ya presupuestados para 2026. La controversia pone en tensión las primeras comunicaciones económicas del nuevo gobierno en materia de responsabilidad fiscal.
