"La cuota Flores" revive el fantasma del caso Errázuriz: la misma práctica que hace 15 años solo castigó a quien reconoció los hechos
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Mientras la senadora RN enfrenta una denuncia por fraude de $300 millones recortando sueldos de asesores, Maximiano Errázuriz fue el único parlamentario condenado por malversar asignaciones, precisamente por haber admitido su responsabilidad.
La investigación abierta contra la senadora Camila Flores (RN) por un presunto fraude al Fisco de $300 millones ha reavivado los fantasmas del caso Maximiano Errázuriz, el ex diputado de Renovación Nacional que en 2011 se convirtió en el único parlamentario condenado por malversar asignaciones parlamentarias. La paradoja es que Errázuriz pagó el costo más alto precisamente porque reconoció los hechos, mientras que otros investigados en la misma época lograron evadir sanciones significativas sin admitir responsabilidad.
El sistema de "la cuota Flores", según la denuncia anónima a la que accedió Reportajes T13, consistía en exigir a los trabajadores contratados para su equipo parlamentario que devolvieran "una parte significativa de sus sueldos en efectivo". La coordinación de la recolección del dinero habría estado a cargo de Yolanda Olfos, secretaria de Flores desde 2018, quien aparece en mensajes de WhatsApp coordinando la entrega de sobres con dinero en efectivo. En una conversación, Olfos consulta cuánto saca líquido un trabajador, quien responde que en febrero $1.550.851, y ella replica: "(La diputada) necesita recibir $1.200.000. A usted $350.851, más teléfono".
El caso de Maximiano Errázuriz, ocurrido hace 15 años, es el antecedente más cercano de una práctica similar: la malversación de asignaciones parlamentarias. Errázuriz fue condenado a tres años y un día de presidio remitido y una multa del 10% de lo defraudado, tras reconocer que simuló el arriendo de cuatro sedes parlamentarias entre 2000 y 2009, defraudando al Fisco por más de $25 millones. Fue expulsado de RN y nunca más pudo optar a un cargo público, pagando el costo más alto entre los parlamentarios investigados en esa época.
Sin embargo, el tratamiento judicial tuvo un marcado sesgo: mientras Errázuriz admitió los hechos y fue condenado, otros parlamentarios investigados lograron evadir sanciones significativas sin reconocer su responsabilidad. Claudia Nogueira (UDI) alcanzó un acuerdo extrajudicial que le permitió quedar sin prontuario, mientras que Julio Dittborn (UDI) nunca fue formalizado y años después asumió como subsecretario de Hacienda. El diputado democratacristiano Jorge Sabag, por su parte, logró que su desafuero fuera rechazado por un estrecho margen, dejando su caso estancado.
El abogado defensor de la senadora Flores, Luis Masferrer, descartó las acusaciones y aseguró disposición a colaborar con la investigación. "La senadora siempre ha actuado conforme a la ley. Acá no hay nada que temer", señaló. La diferencia es que, a diferencia de Errázuriz, Flores no ha reconocido los hechos y su defensa ha optado por negar las acusaciones. El fiscal nacional Ángel Valencia deberá decidir si sigue el precedente de castigar ejemplarmente a quien reconoce su responsabilidad, como ocurrió con Errázuriz, o si aplica un criterio distinto para la senadora oficialista.
El caso ha reavivado el debate sobre la equidad en la aplicación de la justicia y el sesgo en la persecución de los delitos de malversación de asignaciones parlamentarias. Mientras la Fiscalía avanza en las diligencias, la pregunta que queda flotando es si el sistema judicial castiga con la misma dureza a quienes reconocen sus ilícitos que a quienes los niegan, o si el costo político y judicial lo pagan solo aquellos que, como Errázuriz, optan por la verdad.
