PDI admite que 6 mil venezolanos no pueden ser deportados por falta de relaciones consulares

PDI admite que 6 mil venezolanos no pueden ser deportados por falta de relaciones consulares

La falta de relaciones consulares con Venezuela impide materializar las expulsiones de ciudadanos en situación irregular, pese a los esfuerzos del gobierno por retomar los acuerdos bilaterales.

El plan de expulsión de extranjeros en situación irregular impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta su mayor obstáculo: la Policía de Investigaciones (PDI) admitió ante el Senado que cerca de 6 mil ciudadanos venezolanos no pueden ser deportados debido a la falta de relaciones consulares con Venezuela. La imposibilidad de gestionar los vuelos de expulsión y los documentos necesarios para materializar las deportaciones ha frenado uno de los ejes centrales de la política migratoria del gobierno.

La PDI reconoció ante la Comisión de Seguridad del Senado que, pese a que existen órdenes de expulsión vigentes para estos ciudadanos, la ruptura de los canales diplomáticos con el régimen de Nicolás Maduro impide la coordinación necesaria para llevar a cabo los procedimientos. Chile y Venezuela mantienen una relación consular reducida desde hace años, y el gobierno de Kast ha anunciado gestiones para restablecer los acuerdos, pero hasta ahora no se han concretado.

El pasado jueves, el gobierno realizó el primer vuelo de expulsión de inmigrantes irregulares, que trasladó a 40 personas hacia Colombia, Ecuador y Bolivia, pero ningún ciudadano venezolano fue incluido debido a estas restricciones. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó que se están realizando conversaciones para resolver las expulsiones pendientes, pero admitió que "buscamos rapidez en los acuerdos bilaterales", sin entregar plazos concretos.

La cifra de 6 mil venezolanos que no pueden ser deportados representa un desafío mayúsculo para el gobierno, que ha hecho del control migratorio una de sus principales banderas. La oposición ha criticado la falta de resultados concretos, mientras el Ejecutivo defiende que la reactivación de los vuelos de expulsión es un primer paso y que continuarán trabajando para destrabar los acuerdos con Venezuela. La PDI, por su parte, mantiene las órdenes de expulsión vigentes a la espera de que se resuelva la situación diplomática.